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Washington, 13 abr (EFE).- Los Gobiernos de Ecuador, Bolivia y Nicaragua utilizan una “pesada” burocracia administrativa para restringir la libertad de asociación y “reprimir” a la sociedad civil, en opinión del Departamento de Estado de EEUU.

Estos son los países latinoamericanos, que junto a los habituales Cuba y Venezuela, aparecen destacados en el informe anual sobre los derechos humanos en el mundo publicado hoy por el Departamento de Estado en Washington.

El documento destaca que en 2015 aumentó la represión global de la sociedad civil, e incluye a Ecuador, Bolivia y Nicaragua en la lista de Gobiernos que “usan pesados procedimientos administrativos y burocráticos como medios para restringir la libertad de asociación y reprimir a la sociedad civil”.

Según el informe, el Gobierno de Ecuador “sigue restringiendo” a los medios independientes y a la sociedad civil utilizando leyes de derechos de autor para forzar la eliminación de contenidos de internet.

En Bolivia, “el presidente, el vicepresidente y los ministros critican repetidamente el trabajo de las ONG y las organizaciones sociales no alineadas con el Gobierno”, sostiene el informe.

Añade que algunas entidades no gubernamentales aseguran que los mecanismos de registro del Gobierno “son estrictos a propósito” para “limitar las organizaciones independientes en el país”.

En Nicaragua, las ONG nacionales que están bajo la investigación del Gobierno denuncian “problemas para acceder al sistema de Justicia y retrasos a la hora de procesar las peticiones, así como presión de las autoridades del Estado”.

En Nicaragua “muchas ONG creen que las autoridades fiscales auditaron sus cuentas como un medio de intimidación. Aunque están legalmente permitidas, las auditorías fueron una forma común de acoso y a menudo se usaron selectivamente, según las ONG”, sostiene el informe.

Otros países que utilizan la burocracia para “reprimir” a la sociedad civil, según Estados Unidos, son Hungría, Irán, Egipto, Kenia, Camboya, Uganda, Vietnam, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán y Turkmenistán.

El informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado, que marca este año su edición número 40, se envía al Congreso para que sirva como referencia a la hora de otorgar ayuda exterior. EFE