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La “diligencia de allanamiento, inspección ocular y registro” se realizó en “la sede de la firma forense Mossack Fonseca y demás filiales del grupo” y “en el Data Center Internacional de la empresa telefónica que brinda soporte informático, en debida forma y sin ningún tipo de percance o impedimento”, indicó la Fiscalía. El objetivo era “obtener documentación que guarde relación con las informaciones publicadas en los artículos noticiosos que establece la posible utilización de la firma forense en actividades ilícitas”, añadió.

El fiscal Javier Caraballo fue el encargado de la diligencia. Caraballo tiene “la facultad legal para realizar las investigaciones de oficio, denuncias y/o querellas relativas a los delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, entre otros”, de acuerdo con la información oficial.

La diligencia de este martes es la primera de este tipo que hace la Fiscalía en el marco de la investigación por los papeles de Panamá. Al inicio del procedimiento, uno de los abogados de la firma, Elías Solano, se limitó a comentar que la diligencia se trataba de una “inspección ocular”, y negó que fuera un registro sistemático ordenado por el juez. Por su parte, una fuente judicial dijo que “se presume que la firma no está colaborando con el fiscal en la inspección ocular (…) están dilatando” el proceso.

El pasado 3 de abril, cuando comenzó la publicación en medios internacionales de miles de documentos de Mossack Fonseca, la fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, anunció el inicio de una investigación para determinar si en territorio panameño se cometió algún hecho punible en relación con el escándalo. 

La filtración masiva de documentos de Mossack Fonseca, proveedor de miles de empresas “offshore” -con ventajas fiscales- a personalidades de todo el mundo, lo que ha levantado sospechas sobre evasión de impuestos o lavado de activos, ha golpeado la reputación de Panamá, que a raíz del escándalo ha sido reinscrita por Francia en su lista de paraísos fiscales. 

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, pidió hoy a Francia, por ejemplo, que “reconsidere” la decisión de incluir al país en su lista de paraísos fiscales.El Gobierno panameño sostiene que el escándalo deriva de las actividades de una firma de abogados panameña, no del país, y ha señalado que en aras de profundizar las medidas que ha adoptado en los últimos años en favor de la transparencia hará una revisión de sus sistemas financiero y fiscal.