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Alba Santandreu

Sao Paulo, 9 abr (EFE).- El huracán político que sacude Brasil ha llevado a algunas de las mayores patronales del país a airear su apoyo a un juicio legislativo contra la presidenta Dilma Rousseff, mientras otras han mostrado una posición neutral o han guardado silencio sobre la eventual salida de la mandataria.

La Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), la patronal más influyente del país, y la Confederación Nacional de Agricultura (CNA) han expresado sin tapujos su descontento con la jefa de Estado, cuya popularidad se mantiene en un escaso 10 %.

La Fiesp ha liderado la ofensiva contra la mandataria y su presión ha llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde los empresarios hacen “lobby” para que los parlamentarios respalden el proceso que busca apartar a Rousseff de la Presidencia.

La patronal liderada por Paulo Skaf encabezó una campaña, suscrita por 400 entidades y publicada en los principales diarios nacionales, en la que se pedía el “impeachment” (juicio político) inmediato de la jefa de Estado.

La Confederación Nacional de Agricultura (CNA), que reúne a los grandes empresarios del campo brasileño, dio un paso al frente esta semana y mostró su apoyo a la batalla legislativa que tiene como objetivo acortar el mandato de la presidenta por un supuesto “crimen de responsabilidades”.

La oposición considera que Rousseff incurrió en este delito al realizar unas maniobras fiscales en las cuentas públicas de 2014 y 2015, pero el Ejecutivo defiende que ese maquillaje no supone un “crimen de responsabilidades” y, por tanto, no sirve de argumento para abrir un “impeachment”.

Para respaldar su posición, la CNA argumentó que Rousseff no tiene ya autoridad política y que su Gobierno “no reconoce ni comprende la verdadera naturaleza de los problemas que afligen al país ni revela ninguna disposición” para afrontarlos.

“Queda cada vez más claro que la presidenta de la República no tiene más autoridad política para liderar el proceso de reformas ni capacidad para volver a unir a los brasileños”, según la CNA.

Un paso más al centro, aunque con tono duro, se ha situado la Confederación Nacional de la Industria (CNI), que ha despotricado contra la crisis política brasileña en general y ha pedido que “se dé un 'basta'”, dentro de la ley.

Los industriales recalcaron que el sector “no puede aceptar que las disputas y discordias políticas se sobrepongan a los intereses mayores de la nación” ni “seguir asistiendo el espectáculo deprimente en que se transformó la política brasileña”.

La Confederación Nacional del Comercio (CNC) y la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automóviles (Anfavea), por su parte, apostaron por la neutralidad en su discurso.

La CNC expresó su “firme convicción de que las actuales adversidades sólo podrán ser superadas con la preservación de la capacidad de diálogo responsable y lúcido de los actores envueltos, entre ellos los empresarios”.

La patronal del comercio expresó su confianza en que las decisiones “estén respaldadas” por la Constitución, aunque “contemplen cambios en la estructura de Gobierno”.

La Federación Brasileña de Bancos (Febraban), la Confederación Nacional de Instituciones Financieras (CNF) y la del Transporte (CNT) rehusaron pronunciarse sobre la coyuntura política que vive el mayor país de Latinoamérica.

Según el vicepresidente de la CNF, José Ricardo Alves, los estatutos sociales de la institución “prohíben cualquier manifestación de carácter político y partidario”. EFE