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Madrid, 7 abr (EFE).- El déficit público en 2015 cerró finalmente en el 5 % del PIB, ocho décimas más del 4,2 % comprometido con la UE, según ha anunciado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que defiende flexibilizar las metas que manda Bruselas según crezca el empleo.

Montoro ha comparecido hoy por primera vez en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados como ministro en funciones después de que solicitara acudir a la Cámara baja para detallar el desvío del déficit del conjunto de las administraciones públicas y en especial de las comunidades autónomas, que alcanzó el 1,66 % del PIB frente al 0,7 % fijado.

El ministro ha anunciado que finalmente el déficit público total se ha situado en el 5 %, y no en el 5,16 % como señaló hace una semana, y ha explicado que esta “mejora” se debe a los ingresos generados por la reordenación del espacio radioeléctrico y que Eurostat ha decidido computar en 2015.

La oficina estadística de la UE ha comunicado hace unos días que España debe trasladar a 2015 los ingresos obtenidos por la subasta de las bandas de frecuencia del espacio radioeléctrico, lo que supone un ajuste en el cálculo anterior de unos 1.600 millones de euros.

No obstante, la mejora del déficit sólo se ha reflejado en la Administración central, al situarse en el 2,53 % del PIB, y no ha tenido efecto en los déficit de la Seguridad Social (-1,26 %) y de las comunidades autónomas (-1,66 %). Tampoco en el superávit del 0,44 % del PIB que han registrado los ayuntamientos.

Durante su intervención, Montoro ha elogiado el esfuerzo de los ayuntamientos y ha ironizado con que “no ha habido que cerrar ayuntamientos en España, como se oía en 2012”.

Sin embargo, ha indicado que las autonomías deberán destinar los recursos adicionales que recibirán este año a corregir el déficit público para cumplir con su objetivo en 2016.

También ha anunciado que las comunidades acogidas al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) tendrán que tener un techo de gasto farmacéutico y cumplir otras condiciones, como la adhesión al sistema electrónico de facturas.

Por el contrario, ha afirmado que habrá medidas “ventajosas” y de reconocimiento para las comunidades cumplidoras, como mantener al 0 % los fondos adicionales que reciben en su financiación.

De esta forma se refería al País Vasco, Galicia y Canarias, las tres únicas comunidades que han cumplido con las metas de 2015.

“Estudiamos la opción de que las comunidades autónomas acogidas al mecanismo de la facilidad financiera estén también a tipo 0 este año, aunque todavía no hay decisión a este respecto”, ha dicho.

El ministro ha recibido las críticas de todos los grupos de la oposición, en especial del PSOE y Podemos.

El portavoz socialista, Pedro Saura, ha recriminado a Montoro que “recorte el Estado de bienestar” con las medidas coercitivas a las comunidades autónomas y el dirigente de Podemos Iñigo Errejón, le ha acusado de ser “consciente” y “esconder más de 10.000 millones de euros debajo de la alfombra” y hacer un uso electoralista del dato del déficit.

También las formaciones parlamentarias nacionalistas (DiL, ERC, PNV, CC y UPN) le han advertido de que las comunidades no pueden recortar más y le han recriminado que reciben menos de lo que pueden gastar.

“El gobierno no está pidiendo a nadie que haga recortes ni cierre escuelas ni hospital sino que utilicen los nuevos recursos que disponen para reducir el déficit”, les ha respondido Montoro cuando abandonaba el Congreso y tras avanzar que convocará un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en cuanto se examinen los planes económicos de las comunidades autónomas, para lo que disponen de un plazo de 15 días.

El ministro ha insistido en la necesidad de seguir reduciendo el exceso de déficit pero ha propuesto negociar con la Comisión Europea (CE) una flexibilización en la senda de disminución que sea compatible con el crecimiento de la economía y del empleo.

Al respecto, ha señalado la necesidad de que también la Seguridad Social pueda encontrar un equilibrio cuando se reforme su sistema de financiación en el marco del Pacto de Toledo, y se ha mostrado a favor de que las pensiones no contributivas se financien vía impuestos. EFE

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