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Sevilla, 21 mar (EFE).- El jefe de servicio de Formación para el Empleo de Jaén, José Luis Valentín Martos, y la exjefa de este departamento en Málaga, Isabel Almendro, han coincidido hoy en que se cumplió con la legalidad y se hicieron los controles sobre las ayudas a la formación otorgadas por la Junta de Andalucía.

La comisión parlamentaria de investigación sobre el presunto fraude en estas subvenciones ha acogido hoy las comparecencias de ambos, mientras que se ha suspendido la de Teodoro Montes, testigo protegido por la juez Mercedes Alaya en este caso, debido a que se ha sentido indispuesto a su llegada a la Cámara y ha tenido que ser trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

El primero en comparecer, el jefe de servicio de Formación para el Empleo de Jaén, que lleva en el cargo desde 2006, ha sostenido que su departamento “ha cumplido estrictamente con la legalidad y ha mantenido el control adecuado” sobre las ayudas.

Según Valentín Martos, imputado por la juez Alaya, todo se tramitó “en el momento adecuado” y se realizaron visitas “a todos los cursos dos o tres veces” para comprobar el seguimiento de los expedientes.

Ha asegurado, además, que en Jaén no existe ninguna justificación ni ningún expediente de reintegro pendiente -salvo uno que se encuentra paralizado cautelarmente por el juzgado al tratarse de un expediente de reintegro cuestionado por el beneficiario-, por lo que ha recalcado que “nada puede prescribir”.

Por su parte, la exjefa de Servicio de Málaga Isabel Almendro, que estuvo al frente de este departamento desde junio de 2001 hasta septiembre de 2014, ha asegurado que durante el periodo en que ejerció esta responsabilidad “se cumplió la normativa vigente”.

“Todos los cursos se han concedido cumpliendo los requisitos establecidos; nosotros hemos cumplido en todo momento con las funciones que tenemos encomendadas”, ha apostillado.

Tras esta comparecencia estaba prevista la de Teodoro Montes, testigo protegido, pero el presidente de la comisión, Julio Díaz (C's), ha informado a los periodistas de que se había encontrado mal durante su traslado hacia el Parlamento, lo que ha motivado que a su llegada los servicios de la Cámara avisaran a una ambulancia medicalizada, por lo que se ha acordado posponer la comparecencia.

El testigo protegido, jefe del departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional en Sevilla, declaró durante 31 horas ante la juez Alaya en octubre de 2014 y denunció numerosas irregularidades en la acción formativa de la Junta. EFE