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Madrid, 13 mar (EFE).- En la actual etapa política todo termina siendo nuevo e inédito. Un ejemplo son los plenos ordinarios que se celebran esta semana en Congreso y Senado pese a que el Gobierno sigue en funciones. Algo nunca visto en la historia parlamentaria y que puede acabar en un duelo judicial entre instituciones.

Y es que a punto de cumplirse quince días desde que comenzara a correr el plazo de dos meses para unas hipotéticas elecciones generales, el Parlamento vuelve a ser el campo de batalla política, con un Ejecutivo en funciones que intenta mantenerse al margen de esa contienda como un mero convidado de piedra, ajeno a lo que se cuece en las Cámaras.

A esta actitud del Gobierno se oponen todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, que entienden que el Ejecutivo de Mariano Rajoy también debe rendir cuentas ante el Parlamento aunque esté en funciones.

Creen incluso que existen más motivos aún para su control parlamentario porque cualquier decisión que tome Moncloa podría sobrepasar sus limitadas competencias constitucionales.

Ya el pasado martes, la Junta de Portavoces del Congreso dio el visto bueno a que se celebren sesiones de control al Gobierno, no está próxima semana, pero sí más adelante. Este martes la Mesa y la Junta de la Cámara baja volverán a analizar el caso y adoptarán una decisión.

Ello a pesar de la oposición frontal del PP y del Gobierno en funciones que insiste en que como tal no está sujeto al control del Congreso porque la actual composición de la Cámara no fue la que otorgó su confianza al Ejecutivo del PP.

Han sido varios los miembros del Ejecutivo que han insistido en la idea y que han emplazado a los grupos del Congreso a acudir a los tribunales si creen que se están vulnerando sus derechos parlamentarios.

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, recalcó el viernes que el Gobierno “ya no tiene capacidad para hacer política” por lo que tampoco puede someterse al control político del Congreso.

Para Sáenz de Santamaría, la primera función de la Cámara debería ser configurar un gobierno con plenos poderes y subrayó que no puede controlar la acción política del pasado, pues sería como pedir ahora que compareciera José Luis Rodríguez Zapatero para dar cuenta de su gestión como jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011.

Recordó además que jamás un gobierno en funciones ha comparecido ni ha sido sometido a control parlamentario: “Nunca, no hay ningún precedente en derecho parlamentario”.

Por lo pronto, el Gobierno ya ha anunciado que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, no acudirá al Congreso el próximo jueves pese a que está convocado a una comparecencia en comisión para informar de las misiones militares contra las mafias de la inmigración en el Mediterráneo.

Además de las declaraciones públicas, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha enviado una carta al presidente del Congreso, Patxi López, en la que repite los argumentos y le recuerda que puede acudir a la vía judicial en defensa de sus derechos.

También por carta, el líder socialista, Pedro Sánchez, ha exigido a Rajoy que vaya al Congreso antes de la Cumbre de la Unión Europea sobre los refugiados que comienza el próximo jueves.

En la misiva, Sánchez afirma que si Rajoy no comparece “viola el principio esencial de un régimen parlamentario” y recalca que la comparecencia de Rajoy en el Congreso es “insoslayable”.

Además de la solicitud expresa de Sánchez, el PSOE no ceja en su empeño y llevará el próximo martes a la Junta de Portavoces una nueva solicitud de comparecencia de Rajoy ante el pleno para que explique las polémicas decisiones de las últimas cumbres europeas sobre las políticas de asilo y refugio.

Los socialistas confían en poder hacer frente común con Podemos y Ciudadanos para forzar la comparecencia del presidente del Gobierno en funciones, pese a la oposición frontal del Ejecutivo.

Eso será el martes, el mismo día en que se celebrará el primer pleno ordinario de la legislatura tanto en el Congreso como en el Senado, en el que no se debatirán proposiciones con rango de ley, sino iniciativas de carácter meramente político, en un anticipo de lo que podría ser una futura campaña electoral.

Ciudadanos y PP llevarán dos iniciativas muy similares en defensa de la unidad de España, que obligarán a fijar posición al PSOE y también a Podemos sobre el desafío soberanista en Cataluña.

Del mismo modo, el partido de Pablo Iglesias y PSOE, IU y Compromís pedirán la creación de una comisión parlamentaria sobre corrupción y regeneración democrática. Una iniciativa encaminada a que el PP también tenga que tomar partido.

En el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, el pleno también será un “toma y daca” entre los grupos.

Al igual que en el Congreso, los 'populares' defenderán una moción en defensa de la unidad de España y otra de apoyo a las diputaciones provinciales.

Instituciones que el acuerdo de investidura firmado entre Pedro Sánchez y Albert Rivera proponía eliminar, lo que provocó fuertes críticas entre algunos dirigentes territoriales socialistas y un debate interno en el PSOE.

Por su parte, el PSOE llevará al pleno otra moción que insta al Gobierno a paralizar la implantación de la reforma educativa aprobada por el Ejecutivo del PP, y apuesta por el impulso de un acuerdo “social y político” para una nueva ley.

Un paso previo a la derogación de la LOMCE anunciada por el PSOE en el caso de que Pedro Sánchez consiga ocupar el Palacio de la Moncloa. EFE