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Barcelona, 4 mar (EFE).- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha alertado hoy de que empresas con afán de lucro se llevan más de 200 millones de euros al año del presupuesto público (Generalitat-Ayuntamiento de Barcelona) de la atención sanitaria (hospitalaria, sociosanitaria y de transporte), en la ciudad.

La alcaldesa Colau ha presentado un informe sobre la privatización y “mercantilización” de la asistencia sanitaria pública en la ciudad de Barcelona resultado de dos estudios encargados por el gobierno municipal para orientar sus políticas en materia de sanidad y sustentar el nuevo modelo de Salud que propone.

“El informe nos permite ver cómo hoy más de 200 millones de euros, que es mucho dinero, un 10 % del presupuesto público de atención sanitaria, que se contratan con empresas, no solo privadas, sino con afán de lucro”, ha señalado la alcaldesa que ha puntualizado que esto “puede colisionar” con la garantía de los servicios básicos desde el sector publico.

Ada Colau ha insistido en la necesidad de superar “la inercia privatizadora” en el ámbito de la Salud de los últimos años y “reforzar la presencia pública para garantizar el mejor servicio a los ciudadanos”.

El informe analiza cada una de las líneas asistenciales y constata que, en el ámbito de la atención sociosanitaria, el peso de los proveedores privados con ánimo de lucro es del 48 %, y es ampliamente mayoritario en la rehabilitación extrahospitalaria o el transporte sanitario, con situaciones como el 100 % del transporte sanitario no urgente.

El informe constata que en el ámbito de la atención hospitalaria en Barcelona la contratación a sociedades mercantiles de propiedad privada supone un 4 % (58,9 millones de euros) y sólo en un caso, el del Hospital Universitario del Sagrat Cor, el departamento de Salud de la Generalitat estudia revertir su privatización.

En la presentación, la comisionada de Salud de Barcelona, Gemma Tarafa, ha pedido “blindar” las leyes española y catalana de Sanidad para que no se pueda transferir la provisión de sanidad pública a empresas mercantiles y establecer un tope de presupuesto para que la sanidad no se vea afectada por los recortes.

Tarafa ha denunciado que las entidades concertadas y privadas que reciben recursos públicos no están cumpliendo aún con la obligación de cumplir la ley de transparencia y rendir cuentas información económica y de plantillas. EFE