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Madrid, 25 feb (EFE).- El Defensor del Pueblo consiguió una corrección total o parcial de la actuación de la Administración en un 26,5 % de los expedientes concluidos en 2015 en relación a la Seguridad Social, un campo en el que la mayoría de las quejas de los ciudadanos (78 %) se refiere a prestaciones.

La Memoria Anual de 2015 que la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha entregado hoy en el Congreso refleja que la segunda materia por la que se reciben más quejas (10,9 %) son asuntos relativos a cotización y recaudación, muchas de ellas relacionadas con embargos.

De todas las quejas sobre la Seguridad Social que recibió el Defensor en 2015, en línea con años anteriores, se admitió el 29,1 %, lo que en buena medida se debió al alto número de inadmisiones existentes respecto de las prestaciones.

El motivo más extendido para ello es la no apreciación de indicios de irregularidad administrativa, lo que ocurre casi en cuatro de cada cinco casos, dado el alto grado de regulación existente en este ámbito y lo poco habitual de situaciones que puedan suscitar una duda sobre si existe o no derecho a acceder a una determinada prestación.

Respecto a las admisiones, el 85 % se realiza con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Además, en 2015 se recibieron 170.000 nuevas firmas para la convocatoria de un referéndum con vistas a realizar una reforma constitucional que establezca el carácter público de las pensiones y su revalorización automática, que se dirigieron a la Presidencia del Congreso de los Diputados.

En cuanto a casos concretos relativos al empleo, el Defensor solicitó, sin éxito, que los emprendedores menores de 30 años pudieran optar a las nuevas bonificaciones e incentivos por segunda vez sin que deban transcurrir cinco años desde el primer intento de montar un negocio.

De este modo, se dejaría de penalizar a los jóvenes emprendedores que buscan una segunda oportunidad en el ámbito empresarial, mantiene el informe.

Por otro lado, a raíz de la queja de una trabajadora despedida cuando se encontraba de baja por un embarazo de alto riesgo, el Defensor pidió al Gobierno -también sin respuesta positiva- equiparar la incapacidad temporal por embarazo, ahora considerada contingencia común, con las contingencias laborales.

A su juicio, las complicaciones que puedan sufrir las mujeres embarazadas en los casos en los que, según criterio de los facultativos, deban interrumpir el desempeño de su actividad laboral por existir riesgo para la salud de la madre, del feto o de ambos, no pueden calificarse como alteraciones de la salud constitutiva de enfermedad común.

“Las embarazadas no son personas enfermas, sino mujeres en circunstancias de riesgo por razón del trabajo que desempeñan que deberían ser objeto de tratamiento diferenciado y de especial protección”, afirma el informe.

Además, el Defensor destaca el “escaso” número de posibles beneficiarios que se han apuntado a las medidas de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven -179.161 de los 6.559.200 potenciales usuarios a 31 de diciembre- y pide introducir las correcciones necesarias. EFE