viernes, 25 septiembre 2020 10:59

La Fiscalía pide investigar a Homs por 9N y el Govern defiende su legalidad

Barcelona, 2 feb (EFE).- La Fiscalía de Cataluña ha pedido investigar al exconseller de la Presidencia Francesc Homs, ahora diputado en el Congreso, por su papel en la organización de la consulta del 9N suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), una iniciativa que, en cambio, según el Govern fue “legal y legítima”.

En un escrito ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Joan Manel Abril, que instruye el caso, la Fiscalía plantea ampliar a Homs la investigación del 9N, en la que permanecen imputados el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega.

Los fiscales solicitan al TSJC que redacte un informe motivado con los indicios sobre la implicación de Homs en la organización del 9N y lo eleve al Tribunal Supremo, al que corresponde enjuiciar al exconseller por su condición diputado del Congreso, y por lo tanto aforado, desde las últimas elecciones generales.

El escrito del ministerio público detalla los indicios que implicarían a Homs en el delito de desobediencia en la consulta del 9N que investiga el TSJC, principalmente por la relación del Departamento de Presidencia con el encargo de los servicios informáticos necesarios para celebrar la consulta.

La investigación del TSJC se centra por ahora en dilucidar si el gobierno catalán siguió adelante con los preparativos del 9N después del 4 de diciembre de 2014, en que el Constitucional suspendió la consulta, lo que podría constituir un delito de desobediencia.

Las diligencias propuestas por la Fiscalía en los últimos meses apuntan a que la Generalitat continuó implicada en la organización del 9N tras la suspensión e indicó a las empresas contratadas para la consulta -la mayoría dedicadas al desarrollo de los servicios y aplicativos informáticos- que siguieran adelante con el dispositivo.

Según los fiscales, Homs tuvo un “comportamiento consciente e intencionado de indudable trascendencia” para garantizar que los preparativos del 9N continuaran su curso “soslayando la suspensión decretada por el TC”.

En concreto, la Fiscalía menciona una carta del director general de T-Systems, la empresa encargada de proporcionar tres programas informáticos “imprescindibles” para la jornada del 9N, dirigida a la Generalitat, para preguntar si sus servicios podían vulnerar la suspensión dictada por el TC, y Homs lo tranquilizó con otra misiva en la que “legitimó la continuación de los trabajos”.

Los fiscales del TSJC quieren que el Supremo asuma solo la investigación del 9N en lo que atañe a Francesc Homs, de forma que el resto de la causa permanezca en manos del alto tribunal catalán, donde la semana pasada el moderado Jesús María Barrientos relevó al progresista Miguel Ángel Gimeno en la presidencia de la institución.

Sin embargo, fuentes jurídicas apuntan a que es probable que finalmente sea el Supremo quien se haga cargo de toda la causa del 9N, para preservar así la unidad de la investigación, iniciada a raíz de las querellas presentadas por la propia Fiscalía, además de Manos Limpias y UPyD, entre otras acusaciones.

Enterado del movimiento de la Fiscalía, Homs lo ha atribuido al hecho de que los ocho diputados de Democràcia i Llibertat, el grupo que encabeza en el Congreso, pueden ser “determinantes” para decantar la investidura del próximo presidente del Gobierno.

“No creo en las casualidades ni en que las cosas caigan del cielo, y veo una causa-efecto evidente y lógica, que es que soy el portavoz de un grupo que, en según qué circunstancias, en el proceso de inicio de la legislatura sus votos son determinantes”, ha dicho.

La consellera de la Presidencia, Neus Munté, ha expresado el “pleno convencimiento” del Govern de que la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 se realizó “de manera legal y legítima” y ha denunciado la “judicialización” del caso.

Por otra parte, el TSJC no ha apreciado delito en la declaración de ruptura del Parlament del 9N, al entender que no constituye un “alzamiento violento” sino una resolución que se ciñe al ámbito parlamentario y que ya fue anulada por el TC.

En sendos autos, el alto tribunal catalán resuelve, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, no admitir a trámite las querellas por rebelión y sedición que presentaron UPyD y Manos Limpias contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los diputados que apoyaron la declaración de desconexión con España del pasado 9 de noviembre.

Precisamente, Forcadell ha considerado hoy “impensable” que el TC anule la comisión de estudio del proceso constituyente impulsada por el Parlament, porque eso supondría un “ataque a la esencia del sistema democrático” y a la “división de poderes” en el Estado. EFE

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