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Valencia, 28 ene (EFE).- El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) demandará por la vía civil a los condenados por corrupción y les pedirá una indemnización por los “daños y perjuicios” ocasionados a la imagen de la formación.

Así lo ha anunciado hoy la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, en una rueda de prensa ofrecida 48 horas después de la detención del expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y otras 23 personas por la supuesta trama de corrupción en distintas administraciones de la Comunitat.

Bonig, que ha señalado que cuenta con el apoyo “total y absoluto” de la dirección nacional para llevar a cabo esta medida “inédita” en un partido político, ha asegurado que la primera persona contra la que se actuará será el exconseller Rafael Blasco y el dinero que se recaude se destinará a “fines sociales”.

Otra de las medidas que el PPCV va a poner en marcha para luchar contra la corrupción es proponer a la dirección nacional que amplíe las competencias del Comité de Derechos y Garantías para que tenga facultades de auditoría interna, y las denuncias de militantes que lleguen al partido por conductas irregulares sean investigadas por profesionales independientes.

Isabel Bonig ha asegurado que el pasado martes fue para el PPCV un “día bochornoso y negro. No nos gustaron las imágenes, los delitos que presuntamente se les imputan y sentimos rabia e indignación ante estos acontecimientos”.

Ha recordado que la formación ya inició un proceso de regeneración y cambio “que no tiene vuelta atrás”, porque “creemos que se lo debemos a este partido con tantos años de historia”, ha subrayado que la primera idea es “tolerancia cero a la corrupción y contundencia” y ha pedido “perdón por los errores que se han cometido”.

A medidas llevadas a cabo por el PPCV, como ordenar la suspensión de militancia de todas las personas detenidas en la denominada 'operación Taula” y el cese como asesores de la Diputación de Valencia de dos de ellos (Emilio Llopis y Juan José Medina), y del Ayuntamiento de Valencia (Marí Carmen García Fuster), “el PP quiere dar un paso más porque estamos hartos”.

Entre estas medidas ha destacado que a partir de ahora el partido va a interponer “demanda sobre reclamación por los daños causados el PPCV de todos aquellos que sean condenados en virtud de una sentencia judicial firme por delitos de corrupción”, y ha precisado que se trata de una “demanda civil”.

Así, a todas las personas o cargos que sean condenados por un juez “por un delito de corrupción, porque se han aprovechado del PP, de los militantes y de la confianza de los votantes para utilizarlo en beneficio propio”, el partido les pedirá una indemnización por “daños y perjuicios” y ese dinero irá destinado a “fines sociales” que se determinarán.

El primer condenado al que reclamarán esa indemnización será al exconseller Rafael Blasco porque “entra dentro de plazo”, y están valorando si también lo hacen con el exalcalde de Torrevieja y exdiputado, Pedro Hernández Mateo, que cumple pena de prisión por prevaricación y falsedad documental.

Otra de las iniciativas “concretas y contundentes” contra la corrupción, que cuentan con el “apoyo” de los tres presidentes provinciales, es llevar al próximo comité nacional, para incluir en los nuevos Estatutos del partido, una propuesta del PPCV que se va a aplicar como experiencia piloto en la Comunitat.

Se trata de ampliar las competencias del comité de Derechos y Garantías para que tenga facultades de auditoría interna y, de las denuncias que lleguen al partido de cargos públicos o militantes, se inicie una investigación por profesionales independientes y si son ciertas se lleven ante la justicia o se tomen medidas disciplinarias y si son falsas, se archiven.

Bonig ha reconocido que es “evidente” la preocupación por estos casos de corrupción en la dirección nacional del partido, que le ha dado su “apoyo total y absoluto” a las medidas adoptadas, y ha indicado que si desde el año 2009 se han producido siete casos de corrupción vinculados al PP es porque “los órganos de dirección no han funcionado”.

También ha indicado que si la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o el diputado Gerardo Camps son finalmente investigados “seremos igual de contundentes, ya lo dijo Rajoy, pero a fecha de hoy no están ni citados en calidad de testigos o investigados, ni tampoco detenidos, y ha pedido respeto por la “presunción de inocencia”. EFE

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