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Madrid, 23 ene (EFE).- El Gobierno de Mariano Rajoy se encamina a ser el que más tiempo ha estado en funciones en la actual etapa democrática, y aunque esa condición no le resta facultades ante cualquier cuestión de emergencia, sí limita alguna de sus capacidades y condiciona también la labor del Parlamento.

Fue el pasado 22 de diciembre, dos días después de las elecciones generales, cuando el Boletín Oficial del Estado publicó el cese de Rajoy como presidente así como el de los trece miembros de su Gabinete.

Es la denominada Ley del Gobierno, que data de 1997 y que ha experimentado desde entonces diversas revisiones parciales, la que señala que el Ejecutivo cesa tras los comicios generales aunque continúa en funciones con una serie de limitaciones.

Así, el presidente no puede proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras o de las Cortes Generales, ni plantear la cuestión de confianza, ni elevar al Monarca la convocatoria de un referéndum consultivo.

El Gobierno no puede tampoco aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (ya está aprobado el de este año), ni presentar proyectos de ley al Congreso o al Senado.

Además, las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedan en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones.

La ley obliga al Ejecutivo a limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos y determina expresamente que deberá abstenerse de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualquier otra medida.

Pero con esas limitaciones, el Gobierno mantiene sus poderes y sigue habiendo reuniones del Consejo de Ministros todas las semanas.

Y con decisiones desde el 20D como el plan contra el acoso escolar, el salario mínimo interprofesional y la subida de pensiones del 0,25 por ciento para 2016 o la revisión de los planes hidrológicos de varias demarcaciones hidrográficas.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por Efe subrayan que además del día a día, está capacitado para abordar situaciones como el paso dado por el desafío independentista con la elección de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat y la hoja de ruta que pretende seguir.

Al respecto, recuerdan las palabras de Rajoy el día de la elección de Puigdemont en las que advirtió de que “el Estado funciona siempre y la democracia tiene la misma fortaleza de siempre, con independencia de que el Gobierno esté o no en funciones”

Como prueba de esa capacidad, el Gobierno decidió este viernes dar instrucciones para recurrir ante el Tribunal Constitucional las funciones de la consejería de Exteriores de la Generalitat de Cataluña y la comisión de estudios del proceso constituyente que se creará en el Parlamento catalán.

El estar en funciones no condiciona sólo algunas capacidades del poder ejecutivo, sino también del legislativo.

Hasta el punto de que el Congreso ha encargado un informe a la Secretaría General de la Cámara para determinar qué iniciativas pueden tramitarse con un Gobierno en funciones.

Este informe, que será analizado el próximo martes por la Mesa del Congreso, considera que, pese a esa circunstancia, no hay razones para que la Cámara no pueda comenzar a tramitar las proposiciones de ley que han presentado ya las diferentes fuerzas políticas.

Señala que no hay obstáculo para que el Gobierno, aún estando en funciones, se pronuncie sobre el contenido de esas proposiciones en el plazo de 30 días que establece la ley, antes de su toma en consideración por el pleno del Congreso.

Pero advierte de que esta función legislativa se vería afectada por la decisión que se adopte sobre la constitución de las diferentes comisiones de la Cámara, que son las encargadas de continuar el debate de las proposiciones.

Así, observa, por ejemplo, dificultades para la conformación de muchas comisiones legislativas porque se crean reproduciendo el organigrama del nuevo Gobierno.

En cuanto al control del Ejecutivo, el informe recuerda que éste tiene limitada su capacidad de actuación y, por tanto, cualquier pregunta o interpelación debería circunscribirse al ámbito concreto del Gobierno en funciones.

Esa condición del Ejecutivo de Rajoy se acerca ya a los cuarenta días desde que se celebraron las elecciones.

El periodo más largo hasta ahora entre unos comicios y la investidura del presidente del Gobierno es de 62 días, el tiempo transcurrido desde las elecciones del 3 de marzo de 1996 hasta que José María Aznar fue investido por vez primera por el Congreso como jefe del Ejecutivo el 4 de mayo de ese año. EFE