viernes, 7 agosto 2020 17:26

Tropas a la calle contra la independencia de Cataluña, ¿es una posibilidad real?

Vamos a hacernos en voz alta la pregunta que todos tenemos en mente sobre la independencia de Cataluña. ¿Qué puede hacer el Gobierno de España? ¿Hasta dónde puede llegar en defensa de la unidad del Estado? ¿Una intervención militar para frenar el proceso de independencia de Cataluña? Muchos constitucionalistas, en voz baja, contemplan esto último como improbable en pleno siglo XXI y en el actual contexto internacional. Una intervención como las que nos imaginamos, con carros blindados, tanques y soldados armados hasta los dientes no parece razonable. Pero está ahí. ¿En qué quedará todo? ¿Hay alternativas efectivas a la acción armada?

¿QUÉ ES EL ARTÍCULO 155 Y QUÉ SUPONE PARA ESPAÑA Y CATALUÑA?

La Constitución establece que si una comunidad autónoma no cumple “las obligaciones” que impone la propia Carta Magna u otras leyes, o bien, si actúa “de forma que atente gravemente al interés general de España”, el Gobierno podrá adoptar “las medidas necesarias” para obligarla “al cumplimiento forzoso” de las leyes o “para la protección” del “interés general”.

¿Hasta dónde puede intervenir? Tras un proceso de deliberación y votación en el Senado, el Ejecutivo puede intervenir en las competencias y atribuciones de una comunidad. Y podría implicar la suspensión de la autonomía. Según los expertos, se trata de una medida peliaguda de “carácter excepcional” sólo prevista para situaciones “extremas”. Y no hay problema con que la Cortes estén disueltas: La diputación permanente puede comenzar el proceso.

Por este mecanismo constitucional, el Ejecutivo debe remitir a la Mesa del Senado un escrito razonado explicando el alcance de las medidas que desea poner en marcha contra la desobediencia manifiesta del ejecutivo autonómico. ¿Y después? La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado solicitaría al presidente catalán las alegaciones que considere oportunas y que designe a un representante para su defensa. Dicha Comisión emitirá un dictamen razonado sobre si procede o no aprobar la solicitud del Gobierno central. El Pleno del Senado debatirá y votará la propuesta y es necesario para la aprobación el voto de la mayoría absoluta de los senadores. Y hoy por hoy, esa mayoría absoluta está en poder del Partido Popular.

                                

INTERVENCIÓN ARMADA

Pero hay más. Todo el mundo tiene en mente el escenario de una intervención militar en Cataluña contra el proceso de independencia. Aunque parezca el resultado de un mal guión de Hollywood. La Constitución lo contempla como atribución del Ejecutivo bajo aprobación de las Cortes, si la desobediencia al ordenamiento jurídico persiste, en este caso, desde la Generalitat. 

En el artículo 8, la Carta Magna otorga a las Fuerzas Armadas la “misión de garantizar la soberanía e independencia de España, y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Y el artículo 116 habla de los mecanismos para declarar los estados de alarma, de excepción y de sitio, que se regulan por una ley orgánica. Además, están las leyes orgánicas de la 'defensa nacional' y de los derechos y deberes de los miembros de las fuerzas armadas que también apelan a la misión constitucional del ejército. De este modo, por tanto, la legislación española prevé perfectamente una intervención armada del ejército en caso de peligro de la 'integridad territorial'.

Resulta descabellado e infantil pensar a estas alturas que el Estado Mayor de la Defensa no ha preparado ningún plan de intervención para un caso de secesión 'interior'. La independencia de Cataluña es una amenaza frontal a la soberanía y a la integridad territorial de España y, en consecuencia, el ejército tiene ya, seguro, una previsión operativa

El juez Santiago Vidal, suspendido durante tres años de su cargo por el Consejo General del Poder Judicial por redactar un esbozo de una hipotética Constitución Catalana, y que fue candidato de Junts pel Sí ha declarado en algunas ocasiones que en su opinión, “desde un punto de vista político y social es impensable que saquen al Ejército”

Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona y actual teniente alcalde del Ayuntamiento de la Ciudad Condal, siempre explica en sus clases que una constitución se debe interpretar como una “foto fija” del momento en que se escribió. Y destaca el papel del Ejército, aún franquista, en la redacción de determinados artículos del texto español. “Hubo al menos tres elementos de la Constitución del 78 que quedaron fuera de toda discusión. Uno de ellos, la explícita atribución al Ejército de la tutela de la 'integridad territorial' y del propio 'orden constitucional' (artículo 8)”, explica Pisarello en el documento '34 años de la Constitución española', publicado en Sin Permiso. Por tanto, parece que el ordenamiento ofrece cobertura a la acción militar.

Su compañero en la Universidad de Barcelona y también catedrático de Derecho Constitucional, Xavier Arbós, prefiere no entrar en el hecho de que la Constitución es hija de un momento y unas circunstancias concretas y pasadas, porque “eso ocurre con todos los textos constitucionales, desde el más antiguo, el estadounidense. Y en cualquier caso, han de cumplirse mientras no se reformen. Yo estoy a favor de hacerlo cada cierto tiempo que no ha de ser corto”.  

EL ESCENARIO INDESEABLE DE UNA INTERVENCIÓN

   

Merece la pena recordar que en septiembre pasado, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, afirmó que “si todo el mundo cumple con su deber no hará falta que las Fuerzas Armadas tengan ningún papel”. Y una intervención del Ejército supondría, como ya se ha explicado, la declaración de un estado de emergencia -de excepción o de sitio-, contemplado en la Constitución.

¿Qué es el estado de excepción?  Implica la suspensión de determinados derechos individuales, de una forma proporcionada a la gravedad de la situación. Esos derechos abarcan desde el derecho a la libertad y seguridad personales, el derecho a la inviolabilidad del domicilio; el secreto de las comunicaciones; el de libertad de circulación y residencia. 

Y el estado de sitio es ya una situación real de guerra, reservado para casos de insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional “que no puedan resolverse con otros medios”. Según establece la Ley 4/1981 puede ser proclamado por mayoría absoluta del Congreso, a propuesta exclusiva del Gobierno. La cámara baja tiene que determinar en la declaración su ámbito territorial, duración y condiciones.

Y sí, por supuesto, ambos estados de emergencia implican la presencia visible de tropas del Ejército, que transmitiría la imagen internacional de una verdadera ocupación militar.

El ejército tiene una serie de cuarteles y unidades repartidas por Cataluña. Pero una intervención no militar podría consistir en identificar posiciones estratégicas -telecomunicaciones, energía, infraestructuras de transporte, fronteras, redes de información y sistemas de datos de servicios básicos- y garantizar el control total desplegando selectivamente unidades adecuadas a cada caso y que podrían ser los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado -Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía-. En este escenario quedaría la duda de qué papel jugarían los Mossos d'Esquadra y si sería necesaria desde ya una mayor presencia de los cuerpos anteriores. 

En opinión del constitucionalista Xavier Arbós, “el estado de sitio o de excepción que prevé la Constitución no es deseable, ni podemos contemplarlo como posible. Sería contraproducente incluso para aquellos catalanes que estamos en contra de la declaración de independencia unilateral. Pero los mecanismos legales de coerción institucional están definidos, son precisos y se pueden y deben poner en marcha antes de llegar al umbral máximo de tensión. Y podrían resolver el problema. Por ejemplo, aplicando el artículo 155, el Gobierno central puede intervenir en la comunidad autónoma y colocaría a determinadas personas bajo la exigencia de subordinación al Gobierno de España. Si incumplen, estarían cometiendo un delito de desobediencia y podrían ser detenidos”.

¿QUÉ HARÍAN LA OTAN Y LA UE EN ESA SITUACIÓN? 

Algunos expertos ya señalaron en el pasado que una acción del ejército para un caso como el que analizamos es contraria al derecho de la UE. Europa no permanecería en silencio. Aunque eso no significa cerrar los ojos a la ruptura de un Estado miembro. Resulta clarificado recordar la contundencia con la que reaccionó el Parlamento Europeo contra unas declaraciones del eurodiputado Alejo Vidal-Cuadras que pidió la represión “por la fuerza” del independentismo catalán.

Aun así, la UE ha dejado claro de manera institucional, clara y rotundamente, que una declaración unilateral de independencia situaría a Cataluña fuera del club europeo. Pero no es el único ingrediente. Hay alguno más. Y contradictorio. En opinión de Santiago Vidal, el juez suspendido, “el Tratado de Maastrich obliga a los gobiernos que quieran utilizar sus Fuerzas Armadas contra sus propios ciudadanos a pedir permiso a la Unión Europea. No se podría decidir desde Madrid”, opina Vidal.

Xavier Pons, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona, asegura en un artículo de fondo en la Revista Electrónica de Estudios Internacionales que el Derecho Internacional, en relación con la integridad territorial de los Estados, sólo acepta una reclamación secesionista “en el supuesto de que el Estado contra el que se reivindicase la secesión como ejercicio de la libre determinación no estuviese dotado de un gobierno democrático y representativo”. Y no parece el caso de España.

Para el profesor Arbós, hay que valorar que hoy en día, la independencia catalana tiene pocos 'amigos' fuera. “Ahora mismo, España está en el Consejo de Seguridad de la ONU y no existe un solo país que esté interesado en apoyar la decoración unilateral de intendencia de Cataluña. Aquí no hay petróleo, no es ningún 'punto caliente', ni tiene interés geoestratégico. Y tampoco hay una base cercana de Rusia o EE.UU, por ejemplo. Además, es un mal ejemplo para no pocos países que mantienen tensiones territoriales como Reino Unido con Escocia, por ejemplo. Es un hecho que los secesionistas catalanes no tienen fuera ningún 'primo de Zumosol'”.

Y sobre la OTAN, cuya función es prevenir agresiones a los miembros de la alianza, oficialmente, no tiene nada que decir sobre asuntos internos de los estados que forman parte. Pero la comunidad internacional se sentiría muy incómoda si las fuerzas armadas de un Estado miembro intervinieran una parte del territorio. No hay ninguna cláusula en la OTAN que prohíba la intervención militar de un Estado en 'asuntos domésticos', como ha quedado claro en el caso de Turquía y el Kurdistán.

Pero hay que tener en cuenta que buena parte de las unidades operativas del ejército español dependen funcionalmente de la estructura de la OTAN. Sería más un problema político y de imagen internacional que 'militar'.

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