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San Juan, 5 ene (EFE).- Puerto Rico se enfrenta a partir de hoy a las consecuencias de un impago de deuda de 37,3 millones de dólares en medio de una crisis de liquidez, mientras espera que el Congreso estadounidense tome iniciativas para ayudar a la isla.

El Gobierno de Puerto Rico, territorio estadounidense definido como Estado Libre Asociado, no saldó esos 37,3 millones de dólares cuando venció el plazo, lo que se esperaba tras el anuncio al respecto de la pasada semana y cuya confirmación abre una incógnita de cara al futuro.

El jefe del Ejecutivo local, Alejandro García Padilla, anunció el pasado 30 de diciembre el impago como una medida necesaria para afrontar la prestación de servicios básicos a la población, ya que, como dijo, no hay efectivo para saldar los vencimientos de deuda y a la vez pagar nóminas y gastos operativos del Gobierno.

El lunes vencía el plazo de pago y el Ejecutivo, como se esperaba, no cumplió con sus acreedores, lo que de momento tiene dos consecuencias previsibles para los analistas: las consiguientes demandas judiciales y un hundimiento todavía más profundo de la clasificación de la deuda por parte de las agencias.

El Gobierno de Puerto Rico, según análisis de la prensa local, no ha incurrido en ese impago concreto al azar, sino que escogió de forma deliberada dos vencimientos de bonos con pocas garantías para los tenedores de recuperar sus inversiones en caso de litigio legal.

San Juan sí dejó claro que pagaría los 329 millones de dólares que vencen a principios de este mes de obligaciones generales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, garantizadas por la Constitución local.

No pagar deuda respaldada por la Constitución de Puerto Rico significa exponerse a una infracción legal en la que el Ejecutivo de García Padilla ha repetido que no incurrirá, tanto por su significado como por la mayor facilidad de los acreedores para iniciar pleitos legales que perjudiquen todavía más a un Gobierno al límite.

La coincidencia con las fiestas navideñas ha provocado que el asunto quedará en un plano de menor relieve del esperado, aunque en los próximos días se espera conocer con más detalle qué significará un impago que la agencia Standard & Poor's (S&P) catalogó de relativamente pequeño.

El Gobierno anunció el pasado día 30 que, en total, a principios de mes se pagarían más de 700 millones de dólares en vencimientos de deuda.

El Estado Libre Asociado cayó por segunda vez en un impago después de que a principios de agosto de 2015 no saldara 94 millones de dólares a la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, en sus siglas en inglés).

Este último fue considerado el primer impago de deuda de la historia de la isla caribeña, cuyas consecuencias no se conocen con exactitud a falta de información oficial más allá de algunos comentarios de la prensa local que apunta a que Gobierno y acreedores negocian un acuerdo.

El gabinete reconoce que espera las correspondientes demandas judiciales, pero a la vez asegura que está preparado para hacer frente a unos acreedores que en ocasiones ha tratado de presentar en manos de “fondos buitres” que tratan de recuperar sus inversiones a cualquier precio.

El impago confirmado hoy es solamente el inicio de un tortuoso proceso que seguirá durante los próximos meses y años hasta que se salde una deuda de cerca de 72.000 millones de dólares que el Gobierno de San Juan ha repetido es impagable.

En el horizonte se vislumbran en julio próximo vencimientos por cerca de 800 millones de dólares que habrá que afrontar en medio de una crisis económica que dura ocho años y con la recaudación de impuestos a la baja.

El Gobierno repite que, si hay que elegir entre pagar la deuda o prestar servicios a los ciudadanos, los puertorriqueños son lo primero.

La próxima semana se celebran en Washington varias vistas en el Congreso estadounidense sobre la deuda de Puerto Rico, que el Gobierno de la isla espera sirvan para allanar el camino a que se permita al Estado Libre Asociado acogerse a una ley federal que permitiría una reestructuración ordenada de la deuda.

La mayoría republicana en el Congreso estadounidense bloquea cualquier reestructuración y favorece que la deuda se pague íntegra, aunque ofrece que Washington controle las finanzas de la isla a cambio de ayuda financiera, posibilidad rechazada de plano por la clase política puertorriqueña por entender que la medida atenta contra la autonomía política local. EFE