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Berlín, 23 dic (EFE).- La oposición política polaca, la sociedad civil y el poder judicial criticaron hoy la polémica reforma del Tribunal Constitucional auspiciada por el gobierno conservador en Varsovia, por considerar que maniata a la institución.

La ley, aprobada el martes en una tensa sesión en el Sejm (cámara baja) gracias a la mayoría absoluta del gobernante Ley y Justicia (PiS), dificulta la toma ágil de decisiones en el Tribunal Constitucional y abre la puerta a su control político.

Fuerzas políticas como la liberal Plataforma Cívica (PO) y la izquierdista Razem, figuras públicas como el ex líder del sindicato Solidaridad Lech Walesa y hasta el Tribunal Supremo coronaron hoy con sus críticas una oleada de controversia que se hizo visible el sábado en Varsovia con una manifestación que atrajo a más de 20.000 personas.

El Tribunal Supremo polaco, en un comunicado, alertó de las consecuencias que puede acarrear la reforma propugnada por la formación nacionalista y conservadora.

“La posición sistémica del Tribunal (Constitucional) es una de las pocas garantías (del Estado de Derecho) para prevenir el dictado de la mayoría”, advirtió esta alta instancia judicial en una clara referencia a su potencial politización.

El PO, el principal partido de la oposición, acusó al conservador PiS, en el Ejecutivo desde octubre, de atacar la “espina dorsal” de la democracia polaca con su reforma legal y anunció su intención de denunciarla por inconstitucional.

En este mismo sentido, Razem acusó en la red social Twitter al PiS de violar la propia Constitución con su reforma, así como de tratar de “paralizar” la institución para favorecer la puesta en marcha de sus políticas.

Walesa abogó por su parte por organizar “un referéndum” en el que se deje constancia “de que dos tercios” de los polacos “están en contra” de la medida y quieren elecciones anticipadas.

“Este gobierno actúa contra Polonia, contra nuestros logros, la libertad, la democracia”, señaló en declaraciones a Radio Zet.

Muchos críticos ven en esta ley un primer paso del gobierno conservador que dirige Beata Szydlo para poder sacar adelante parte de sus propuestas.

Entre ellas se incluye el adelanto de la edad de jubilación a los 60 años, la limitación la propiedad extranjera en la banca y los medios de comunicación nacionales.

La medida le permitiría al gobierno incluso cambiar la Carta Magna para incluir referencias contra el aborto o el matrimonio homosexual, posturas por las que ya ha abogado.

Desde Europa también se ha seguido con escepticismo el proceso y el presidente del Parlamento Europeo (PE), Martin Schulz, llegó a comparar recientemente la situación en Polonia con un “golpe de estado”, algo por lo que Varsovia exigió disculpas.

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, también del PiS, restó importancia a las críticas al asegurar que “la cuestión está clara: el Partido Ley y Justicia ha ganado las elecciones”.

Tras un encendido debate en el pleno del Sejm, la ley recibió anoche el respaldo de 235 diputados, frente a los 181 parlamentarios que votaron en contra y los cuatro que se abstuvieron.

La reforma eleva del 50 % a los dos tercios el respaldo necesario que deben tener los fallos del Constitucional, cuando el gobierno nombró para este tribunal a cinco nuevos jueces (de un total de 15) ideológicamente próximos nada más acceder al poder.

Además, el cambio obliga al tribunal a atender en orden cronológico las demandas recibidas y suprime de la ley que rige a esta institución el párrafo relativo a su independencia del poder político.

La sesión del Sejm, de más de once horas y estuvo dominada por fuertes acusaciones de la oposición, que llegó a afirmar que el presidente del PiS y exprimer ministro, Jaroslaw Kaczinski, se comporta como un “Doctor Jekyll transformado en Mister Hyde”.

Ahora el Senado dispone de 30 días para estudiar el texto y ratificarlo, aunque no se esperan contratiempos aquí.

El PiS disfruta de mayoría en ambas cámaras legislativas desde que ganó las elecciones del pasado 25 de octubre, donde la participación electoral no alcanzó el 50 %. EFE