domingo, 27 septiembre 2020 2:46

Gobierno y sector naval celebran la anulación de la devolución de ayudas

Madrid, 17 dic (EFE).- El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado hoy la decisión de la Comisión Europea (CE) de exigir la devolución de las ayudas fiscales al sector naval español por considerarlas una ayuda estatal ilegal, una medida que sido recibida con alegría en los astilleros, el Gobierno y los sindicatos.

Según los jueces europeos, las medidas que integran el sistema español de arrendamiento fiscal (SEAF) -bonificaciones por la financiación de la construcción naval-, el conocido como “tax lease”, no constituyen una ventaja económica para los astilleros españoles.

Este sistema fue denunciado en varias ocasiones en 2006 por parte sector de la construcción naval de otros estados miembros, al considerar que permitía a empresas navieras la compra de buques construidos por astilleros españoles con descuentos de entre un 20 % y un 30 %.

En 2013, la CE estimó que algunas medidas fiscales incluidas en el SEAF constituían una ayuda estatal ilegal y eran parcialmente incompatibles con el mercado interior.

En cambio, el Tribunal General considera ahora que, al no existir ventajas económicas ni selectivas en favor de las empresas que intervenían en la venta del buque, la conclusión de la CE es “errónea”.

Contra esta sentencia del tribunal europeo cabe un recurso de casación, a presentar en el plazo de dos meses.

La Comisión Europea examinará la sentencia para decidir “los potenciales pasos a dar”, dijo en rueda de prensa la portavoz del ejecutivo europeo, Lucía Caudet.

Poco después de conocerse la sentencia, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha celebrado la “gran noticia” de la anulación, ya que da la razón “a los que hemos peleado tanto y hemos resuelto el problema”.

En declaraciones a los periodistas en Vigo, Pastor ha recalcado que el excomisario europeo Joaquín Almunia había estado defendiendo la incompatibilidad de la anulación con la normativa comunitaria.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha remarcado a Efe que la sentencia da “seguridad jurídica” para la futura construcción de buques en España y facilitará nuevas operaciones de inversión.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que aporta “confianza y certidumbre” al sector y a los inversores. “La decisión acredita que España tenía razón y el comisario Almunia, no”, ha añadido.

Asimismo, el Gobierno vasco considera que la sentencia “responde a toda lógica y al sentido común”, al tiempo que ha emplazado a llevar a cabo “un análisis sosegado y una revisión de lo que esto ha supuesto en el sector”.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha adelantado que el naval vigués reclamará “las indemnizaciones que le corresponden”, y ha emplazado a los responsables del expediente abierto a “disculparse ante la ciudad”.

Las asociaciones y sindicatos relacionados con el sector naval han mostrado también su conformidad con la decisión.

La patronal de astilleros privados Pymar ha remarcado que estudiará todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados por la decisión de la Comisión.

En este sentido, el Foro Marítimo Vasco también ha anunciado que estudiará acciones legales para que se reparen los daños causados al sector.

Por su parte, UGT espera que esta decisión contribuya a la recuperación de un sector industrial estratégico para los intereses del país. El sindicato critica la “falta de acción” del Gobierno, que “ha provocado la paralización del sector de construcción naval”, lo que ha supuesto un “grave perjuicio” para los astilleros españoles. EFE