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Mar Gonzalo

San Juan, 12 dic (EFE).- La ingente deuda que arrastra Puerto Rico ha llevado en 2015 al Gobierno de la isla a reconocer que es “impagable” y tratar de renegociarla, mientras implora a Washington que le otorgue mecanismos legales para declararse en quiebra.

El año que está a punto de acabar será recordado en este Estado Libre Asociado a EEUU como el del reconocimiento por el Ejecutivo isleño de ya no se puede hacer frente al pago de la deuda tal y como fue negociada, puesto que el monto total (unos 72.000 millones de dólares) crece exponencial y rápidamente.

Mientras, los ingresos públicos siguen bajando a medida que se profundiza la recesión económica iniciada en 2006, aumenta la masiva emigración a EEUU y se multiplica el cierre de negocios.

En febrero se cumplió un año de la deuda de Puerto Rico en el territorio de los llamados “bonos chatarra” o “basura” y por entonces ya se empezó a plantear abiertamente la imposibilidad de devolverla y la necesidad de sentarse a renegociarla con los acreedores.

Al mismo tiempo, el acceso a los mercados se terminaba de cerrar para el Ejecutivo de Puerto Rico y para sus empresas públicas, que durante este año han visto cómo los inversores reclamaban condiciones leoninas para seguir prestándoles dinero.

Ante este panorama, el Gobierno se ha desgastado durante 2015 tratando de encontrar un mecanismo legal que le permita declarar en quiebra a sus empresas públicas para negociar una reestructuración ordenada de sus deudas.

Una vía es la de permitir que Puerto Rico se acoja a la Ley federal de Quiebras, aunque el asunto está atascado en Washington, donde los legisladores republicanos se niegan a abrir esa puerta -que otros estados podrían imitar- si no es a cambio de fuertes medidas de austeridad.

Durante todo 2015 el Gobierno de la isla ha estado buscando por todos los medios la ayuda de Washington cada vez con más urgencia.

“Esta es una llamada de socorro de un barco con más de 3,5 millones de pasajeros estadounidenses que se ha perdido en el mar”, llegó a decir el pasado día 1 el gobernador, Alejandro García Padilla, en Washington, recordando que los puertorriqueños también tienen la ciudadanía de EEUU.

Otra vía es la de crear una ley local de bancarrota, algo que el Gobierno ya intentó al aprobar en 2014 la conocida como “ley de quiebra criolla”.

Sin embargo, las Justicia federal la declaró inconstitucional, por lo que el Ejecutivo local ha pasado todo el año 2015 litigando esa decisión en los tribunales de EEUU.

Una pequeña esperanza se abrió a comienzos de este mes de diciembre cuando el Tribunal Supremo anunció que atendería el reclamo del Gobierno puertorriqueño de revisar el caso.

“Tenemos la esperanza de que el Tribunal Supremo se pronuncie a nuestro favor. Los 3,5 millones de ciudadanos americanos de Puerto Rico no pueden seguir esperando por el alivio”, dijo García Padilla al conocer la decisión de la máxima instancia judicial de EEUU.

El reconocimiento público de que la deuda puertorriqueña es “impagable” llegó el pasado 29 de junio, cuando el gobernador anunció su determinación a buscar una moratoria en los pagos que le permitiera invertir en medidas de crecimiento para tratar de desatascar una economía que acumula casi una década en retroceso.

“Sin un crecimiento agresivo de la producción, nunca saldremos del ciclo vicioso de contracción, emigración, austeridad e impuestos”, dijo ese día en un mensaje televisado para toda la ciudadanía, a la que explicó que la situación era “insostenible”.

Además, advirtió de que el sumidero financiero en el que está metida la isla, sin fondos para pagar las nóminas de los empleados públicos ni garantizar las prestaciones de los servicios públicos, es también responsabilidad de los bonistas a los que reclamó una actitud negociadora.

En cualquier caso, hasta el momento ha atendido casi todos los vencimientos de deuda que han ido llegando, a excepción de uno a comienzos de agosto, aunque para pagar el más reciente (del 1 de diciembre) tuvo que tirar del dinero que ciertas empresas públicas se habían reservado para atender sus propias deudas.

Ello ha permitido evitar de momento el impago de deudas garantizadas constitucionalmente, aunque a nadie se le escapa que es algo que va a llegar en cuestión de meses si antes no se logra renegociar la deuda con los bonistas. EFE