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Jaime León

Islamabad, 14 dic (EFE).- Pakistán vio disminuir drásticamente los niveles de violencia y los ataques insurgentes durante 2015 en medio de una campaña militar que causó miles de supuestos talibanes muertos y controvertidas medidas en materia de derechos humanos como la recuperación de la pena de muerte con casi una ejecución diaria.

El año comenzó con un Pakistán aún conmocionado por la matanza el 16 de diciembre anterior de 151 personas, entre ellas 125 niños, en un colegio en Peshawar (noroeste) en un ataque del principal grupo talibán del país, el Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), pero llega a su fin en un ambiente más optimista y con una reducción del 50 % de la violencia insurgente.

El asalto a la escuela, una tragedia en Pakistán similar al 11-S estadounidense o al 11-M español, fue un acto de venganza por la operación militar que el Ejército lanzó contra los talibanes en las áreas tribales de Waziristán del Norte y Khyber, en el noroeste de país, en junio de 2014 y que continúa en la actualidad.

La respuesta del Gobierno fue el reforzamiento de la ofensiva armada y la puesta en marcha de un Plan de Acción Nacional contra el terrorismo que incluye medidas como la recuperación de la pena de muerte, la creación de tribunales militares para los casos de terrorismo, el bloqueo de la financiación de los grupos insurgentes y la regulación de las madrasas o escuelas religiosas.

Esas medidas, en especial la operación militar, ayudaron a disminuir el número de civiles muertos en ataques insurgentes a 866 hasta finales de noviembre, muy por debajo de los 1.781 de 2014 y los 3.007 de 2012, el año más violento, según el Portal de Terrorismo del Sur de Asia, que estudia la violencia en la región.

Los muertos civiles este año se sitúan en niveles anteriores a 2007, año en que se creó el TTP tras el asalto de la mezquita Roja en Islamabad por parte del Ejército y que supuso un punto de inflexión en el aumento de la violencia.

Tras 60.000 muertos en los últimos 15 años en la guerra contra el terror en suelo paquistaní, según cifras no oficiales pero habitualmente manejadas por la prensa de este país, en muchas zonas se comenzó a vivir un ambiente más relajado con los mercados llenos de nuevo y más tranquilidad en las calles.

Esta mejora de la seguridad ha convertido en un héroe al jefe del Ejército, Raheel Sharif, -sin relación con el primer ministro, Nawaz Sharif- con su imagen pintada en camiones, su foto en las portadas de los periódicos casi a diario y una gran popularidad en las redes sociales.

Pero la reducción de la violencia insurgente ha ido acompañada del aumento de la del Estado, con 3.500 supuestos talibanes muertos entre junio de 2014 y junio de 2015, según fuentes militares, una cifra no contrastable de forma independiente debido al bloqueo informativo en las zonas tribales y a que el Gobierno prohibió que se informase de la actividad de grupos insurgentes.

A ello se suma la controvertida recuperación de la pena de muerte por parte del primer ministro Sharif, quien un día después de la matanza en la escuela puso fin parcialmente a la moratoria sobre las ejecuciones para casos de terrorismo y en marzo la levantó completamente para todos los reos.

El Gobierno no proporciona datos completos de las ejecuciones, pero las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional (AI) y la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP) calculan que en torno a unos 300 presos han sido ahorcados.

En el corredor de la muerte esperan 6.061 presos, según el Gobierno, y 8.000 de acuerdo con grupos de derechos humanos.

De acuerdo con HRCP, la gran mayoría de los reos ejecutados no habían sido condenados por terrorismo, sino por algunos de los 27 crímenes que conllevan esta pena en el país asiático, como asesinatos y violaciones.

El alto número de ejecuciones, solo por detrás de China e Irán según AI, ha sido condenado por Naciones Unidas y la Unión Europea, en especial los cuatro casos de ejecutados por crímenes que cometieron supuestamente cuando eran menores de edad.

El Ejército ha establecido sus propias cortes donde juzga a acusados de terrorismo a puerta cerrada gracias a una enmienda constitucional aprobada por unanimidad por el Parlamento en enero.

El mismo Ejército, que ha gobernado el país la mitad de su historia, informa de las ejecuciones en la red social Twitter. EFE