lunes, 10 agosto 2020 7:28

La Constitución de 1978, destinada a cambiar en la próxima legislatura

Sonia López

Madrid, 5 dic (EFE).- Por primera vez en la etapa democrática el aniversario de la Constitución, el 6 de diciembre, se celebra en plena campaña electoral y con más voces que nunca pidiendo su reforma.

¿Cuánto dura una Constitución? En España 37 años y no parece que pueda a aguantar mucho más si no se abordan algunas modificaciones en la próxima legislatura.

La evolución de los acontecimientos políticos, la crisis económica y los problemas sociales, así como el alto grado de tensión que ha alcanzado el debate independentista en Cataluña ha obligado a la práctica totalidad de los partidos políticos a incluir en sus programas electorales la reforma constitucional que creen necesaria para adaptar el texto de 1978 a los nuevos tiempos.

La mayoría de los constitucionalistas coinciden también en que es hora de abordar esa reforma de la Carta Magna, que se mantiene prácticamente intacta desde su nacimiento y sólo se ha modificado en dos ocasiones para introducir cambios limitados.

Fue un retoque mínimo en agosto de 1992 para acomodar la legislación española al Tratado de Maastrich y permitir que los ciudadanos de la UE residentes en España pudieran ser elegidos alcaldes y concejales.

El cambio afectó al artículo 13.2 sobre el voto de los extranjeros, al que sólo se añadieron dos palabras, “y pasivo”, al referirse al derecho de sufragio en las elecciones municipales.

La segunda reforma, destinada a garantizar la estabilidad presupuestaria, llegó en agosto de 2011, en la etapa más dura de la crisis económica.

PSOE y PP registraron en el Congreso esta proposición de reforma que tocó exclusivamente el artículo 135 que ahora los partidos emergentes como Podemos y Ciudadanos quieren derogar.

En cualquier caso, ambas modificaciones se acometieron ante una presión exterior y en ausencia del consenso mayoritario entre las fuerzas políticas que estuvo presente en la Transición.

A ese espíritu sigue apelando el PP que se mantiene reacio a la reforma constitucional, aunque ahora se muestra más abierto a hablar de un 'perfeccionamiento del sistema' en la próxima legislatura siempre que exista el consenso político suficiente.

En el ámbito territorial no es nueva la apelación a modificar el Título VIII de la Constitución sobre la organización del Estado. Ese fue uno de los puntos que propuso modificar el Consejo de Estado en el informe que en 2004 le encargó el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre la reforma de la ley de leyes.

Once años después las propuestas del Consejo de Estado, que planteaba también abordar la definición de las comunidades autónomas, la reforma del Senado, la sucesión a la Corona o la Constitución Europea, siguen sin ver la luz, aunque muchos de los programas electorales con los que los partidos concurren al 20D.

“La Constitución está crujiendo”, decía recientemente el catedrático de Derecho Constitucional Antonio Rovira en la presentación de una conferencia del líder de Podemos, Pablo Iglesias, cuyo partido ha hecho girar su programa en torno a una propuesta de reforma de la Carta Magna.

Su “ruta constitucional” plantea “cinco garantías” para blindar en la ley de leyes un sistema electoral proporcional, los derechos sociales, una Justicia independiente, la lucha contra la corrupción y el derecho a decidir, incluyendo un referéndum en Cataluña -quizá a través del artículo 92, que autoriza consultas consultivas sobre asuntos de especial trascendencia-.

Podemos insiste en que el PSOE les ha copiado muchas de sus propuestas, si bien los socialistas llevan años planteando también una reforma constitucional.

Ya en 2013 el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba defendía un pacto para una reforma que avance hacia un Estado federal, además blindar en la Constitución los servicios básicos, como la sanidad, la educación o las pensiones.

En su programa electoral, Ciudadanos también lleva una reforma que incluye que el Estado vuelva a asumir algunas competencias transferidas a las comunidades autónomas, la modificación de la ley electoral, la supresión del Senado y del CGPJ, así como la protección del “derecho a la salud, a la vivienda, a la protección ambiental, a los servicios sociales y públicos”.

IU es el único partido que no se conforma con una reforma y sigue hablando de la necesidad de un proceso constituyente para adaptar la Constitución a las nuevas demandas sociales y que contemple un modelo de Estado federal, el autogobierno y la igualdad de todos los ciudadanos.

UPYD, por su parte, pone su prioridad en una reforma constitucional hacia un modelo federal “simétrico”, que permita recuperar al Estado las competencias de sanidad, educación y justicia.

Y junto a los políticos, son muchos los expertos que creen que hay que abordar esa reforma, aunque discrepen en la manera de afrontarla y en su alcance.

Algunos abogan por perder el miedo a tocar la Ley Fundamental y así lo expresaba hace unas semanas la catedrática de Derecho Constitucional Paloma Biglino en un debate organizado por la Fundación Alternativas, en el que invitó a tomar ejemplo de Estados Unidos, donde “han modificado su Constitución más de veinte veces y lo han hecho con toda normalidad”.

En ese mismo foro, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, Alberto López Basaguren, enfatizaba la conveniencia de que esa reforma se lleve a cabo desde el consenso “para no caer en una Constitución de partidos” porque de ser así -advertía- estaría “avocada al fracaso”.EFE

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