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Probablemente tengan razón quienes opinan que estamos en la hora institucional más graves desde el golpe de Estado del 23-F. O puede que eso sea alarmismo. El caso es que ya hay pasos efectivos dados en ruta a la independencia de la república de Cataluña y otros, a la contra, con rumbo a la anulación de algunos de los poderes autonómicos de aquella comunidad.

De momento ya hay una declaración votada en el Parlament y un recurso en ciernes del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional que será realidad este miércoles. Además, Artur Mas, presidente autonómico en funciones en busca de una investidura complicada, impulsará tres leyes desoyendo la impugnación de la instituciones, como afirma el diario El País.. Así,Junts pel Sí y CUP se dan un mes de plazo para impulsar tres nuevas leyes recogidas en el texto: la del proceso constituyente, la de la Seguridad Social y la de la Hacienda catalana.

Y es que el texto aprobado por la Cámara catalana afirma rotundamente que ya no se siente supeditada al Constitucional, al que ve deslegitimado. ¿Qué es realmente la desobediencia y qué puede provocar? Las instituciones catalanas comenzarían un periodo de desobediencia institucional y legal de difícil digestión para los poderes  ejecutivo y el judicial. Por que la resolución insta al futuro Ejecutivo catalán a “cumplir exclusivamente las normas o mandatos emanados del Parlament”

Los pasos del Gobierno serán rotundos. Intentará identificar desde el primer momento a los responsables de un eventual desacato a la previsible suspensión del texto. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, está en el centro de esta estrategia y podría afrontar una petición de inhabilitación si se considera que no hace lo necesario para frenar la aplicación de la resolución. Algunos altos funcionarios del Parlament podrían verse también afectados. En última instancia, y en cumplimiento de la reforma de la ley del Tribunal Constitucional, se actuaría contra Artur Mas, sobre quien ya pesa una querella por la consulta del 9-N. Xavier García Albiol, el hombre fuerte del PP en Cataluña, apuntó una hipótesis que baraja La Moncloa: intervenir la tesorería de la Generalitat como una de las medidas que podría, dijo, encontrar amparo en el artículo 155 de la Constitución.

Y como los partidos implicados en la vía independentista no contemplan la posibilidad de un paso atrás, dentro de un mes los diputados independentistas empezarán a elaborar la ley del proceso constituyente, la de la hacienda catalana y la de la seguridad social, como afirma la declaración aprobada. Todo, aunque se suspenda la declaración y el Gobierno esté en funciones.

Habría algunas normas que dejarían de aplicarse; y otras, catalanas, que, aunque están recurridas por el Gobierno central ante el Constitucional, sí se aplicarían. El texto  abre la puerta a incumplir leyes como la del déficit de las administraciones locales o la ley educativa (la LOMCE o ley Wert), en un intento de blindar el modelo de inmersión lingüística en catalán en las escuelas.

Así las cosas, el laberinto al que conduce el proceso es de final incierto y si se enconan las posturas, se abre un escenario legal complicado para los políticos implicados, pero también para las instituciones españolas que tendrían que impulsar esas mismas consecuencias legales.