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El Gobierno pretende favorecer la prolongación voluntaria de la vida laboral y desarrollar una estrategia sociosanitaria para afrontar el envejecimiento de la población, son algunas de las recomendaciones que el Gobierno ha aprobado hoy para orientar las políticas públicas que afectan a los mayores.

Según ha explicado el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, actualmente hay 8,3 millones de personas mayores de 65 años y se prevé que en 2050 sean la tercera parte de la población, por lo que “se pone de manifiesto el reto de las pensiones”.

Alonso ha destacado que el Gobierno “ha cuidado a los mayores para que puedan conservar su capacidad adquisitiva” a lo largo de esta legislatura y ha destacado la caída de la tasa relativa de pobreza en ocho puntos -del 21 % en 2011 al 12,9 en 2015- “por el esfuerzo de mantenimiento de las pensiones”.

Ha recordado que “las personas mayores han sido el apoyo de muchas familias, que lo estaban pasando mal”, por lo que ha apostado por darles “protagonismo” y ha aconsejado atender a las recomendaciones que hoy se han presentado, en torno al empleo, la participación, la vida independiente e igualdad y no discriminación.

Este documento busca “el envejecimiento activo y que haya mayor participación de las personas mayores en la sociedad, en primer lugar en el empleo, porque son pocos los mayores de 65 años que continúan activos”.

“El marco contiene medidas para tratar de fomentar que prolonguen su actividad laboral y mantengan la aportación de su experiencia más allá de los 65 años”, ha asegurado Alonso.

El documento, con 348 recomendaciones, ha sido redactado en colaboración con más de un centenar de asociaciones de personas mayores, ha destacado.

En relación con el empleo, considera oportuno seguir incentivando la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación y que la jubilación anticipada se reserve a los trabajadores con largas carreras de cotización que deseen acogerse a ella, para los que realicen actividades peligrosas y para los que tengan un importante grado de discapacidad.

Para ello, aboga por contar con incentivos a la contratación de los mayores y al mantenimiento del empleo de los trabajadores que tengan 55 o más años, en función de su antigüedad en la empresa.

Otra propuesta es preparar el tránsito a la jubilación, con fórmulas como el retiro gradual, el trabajo a tiempo parcial, los horarios flexibles y el trabajo voluntario o comunitario.

Plantea una estrategia sociosanitaria, en la que los mayores den su opinión y consentimiento en operaciones y tratamientos de cáncer, entre otras intervenciones y en la que se promuevan recursos asistenciales para impulsar la telemedicina o la asistencia a domicilio.

El documento dedica varias medidas a la participación en la esfera política, como la integración en listas electorales con opciones de ser elegidos y en órganos consultivos de las administraciones.

Además, para combatir la soledad de los mayores, propone reforzar la formación de los profesionales para mejorar la prevención, fomentar las actividades culturales y acercar a los mayores a las nuevas tecnologías.

Las orientaciones se centran en la necesidad de garantizar unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles y de mejorar los mecanismos de protección social, destaca el documento del Gobierno.