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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera probado que Repsol coordinó precios o descuentos con cuatro empresas del sector situadas en Madrid, Murcia y Lugo en los ejercicios 2012 y 2013, motivo por el que ha decidido imponer una sanción de 22,59 millones a la petrolera.

Aparte de a Repsol, Competencia ha sancionado a Lence Torres y a Complejo San Cristobal con 113.801 euros, a Estación de Servicio Lorqui con 28.074 euros y a Cerro de la Cabaña con 148.763 euros, según una nota remitida por la CNMC en la que se confirma esta sanción, adelantada por Europa Press.

Repsol y estas empresas, que forman parte de la red de estaciones de servicio abanderadas de la petrolera, incurrieron en infracciones del artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC) y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), señala la CNMC.

En concreto, se ha acreditado el acuerdo alcanzado en abril de 2013 entre Repsol y las empresas Lence Torres y Complejo San Cristobal para coordinar de los precios de venta al público en sus estaciones de servicio en el entorno de Lugo.

Mediante este compromiso se perseguía igualar los precios de venta al público de combustible en todas las estaciones de servicio dependientes de ambos grupos ubicadas dicha zona.

En el caso del acuerdo entre Repsol y Estación de Servicio Lorqui, situada en Murcia, en diciembre de 2012, Repsol se comprometió a no aplicar en la estación de servicio de Espinardo descuentos superiores a 3 céntimos por litro a cambio de conseguir finalizar con éxito sus negociaciones con el Grupo Aranguren en Madrid.

Por su parte Repsol y Cerro de la Cabaña, empresa situada en Madrid, intercambiaron información estratégica relativa a los precios de venta al público con el objeto de eliminar la incertidumbre de precios en esta estación de servicio y así permitir a la petrolera finalizar la guerra de precios iniciada el año anterior en ese entorno, afirma el regulador.

La CNMC señala que los acuerdos entre rivales para no competir en precios suponen “una grave restricción a la competencia nociva para el consumidor” y recuerda que estas conductas han tenido lugar en el mercado de distribución mayorista y minorista de carburantes de automoción.