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Desde Madrid creen necesario garantizar que los padres de alumnos en Cataluña puedan tener la posibilidad de elegir para sus hijos enseñanzas en castellano y por ello, el Ejecutivo central recurre a los tribunales para paralizar el proceso y abrir un nuevo periodo de matriculación, según cuenta el diario El Mundo.

El 'brazo ejecutor' del recurso, que ya ha sido admitido a trámite por la Sección Quinta de lo Contencioso, es el Ministerio de Educación. En el escrito del mismo se denuncia que la solicitud de preinscripción para 2015/2016 en los centros de Infantil, Primaria y la ESO de los centros públicos y concertados catalanes no incluye la casilla que facilitaría que los padres pudieran pedir que sus hijos recibieran la enseñanza en castellano.Tan sólo se interesa por las “lenguas que entiende” el alumno. Además, propone que los alumnos que las familias que quieran educación en castellano tengan “atención individualizada” en castellano para sus hijos en el primer curso de Infantil, una medida que según el Supremo y el Constitucional no es solución porque no satisface el derecho a recibir enseñanzas en castellano.

Con estos ingredientes el lío está más que garantizado. Pero es curioso porque la polémica no es nueva como tampoco lo son los formularios de preinscripción en los centros de educación catalanes. Y ya fueron recurridas hace años por la asociación Convivencia Cívica Catalana y el propio TSJC instó en su día al Departamento de Educación de la Generalitat a dar a los padres de los alumnos la opción de elegir el idioma en que quisieran aprender sus hijos. ¿Qué cambia hora? Es la primera vez que el Gobierno toma cartas en el asunto. Y mucho mas que emprende acciones en los tribunalescontra la Generalitat para garantizar el derecho de los alumnos a recibir enseñanza en castellano. 

La Abogacía del Estado considera en su recurso que la Generalitat ha desoído los pronunciamientos judiciales y, al aprobar el pasado día 18 de febrero sus normas de preinscripción y matrícula para el curso que viene, persiste en su vulneración del derecho de los alumnos a recibir enseñanza en castellano.