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El Ejecutivo está en el centro de todos los movimientos a este respecto desde que el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón optó por impulsar un cambio legal que sacara algunas funciones del registro civil.  Y entonces decidió que serían los registradores de la propiedad quienes se encargaran de ello. Y ahora se negocia con los nuevos aranceles y nuevas gestiones por las que los ciudadanos, claro está, deberán pagar. Así se compensaría a los registradores por su nueva carga de trabajo que supondrá más contrataciones etc. 

Según el diario El País, el Ejecutivo de Mariano Rajoy busca compensarles de manera encubierta a través de enmiendas al proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil que se tramita en este momento en el Congreso. 

Hay escollos en este camino: Los registradores también son funcionarios, pero sin salario público, con ingresos que dependen de sus gestiones. Así, las enmiendas que estudia Justicia y que presentará el PP en los próximos días han sido negociadas con el Colegio de Registradores, y establecen funciones que antes eran gratuitas, o casi, y que ahora sí costarán dinero a los ciudadanos.  Así se establece que los poderes y los registros de seguros deben ser inscritos, algo que no era necesario y por el que cobrarán los registradores.

El borrador de enmiendas negociado con los registradores, citado por El País, establece gestiones nuevas relacionadas con los libros de familia e inscripciones que no existen actualmente para que puedan tener más ingresos que serán sufragados por el ciudadano que debe realizar esas gestiones. Otro ejemplo: se obliga a inscribir el cese de los poderes notariales y el año pasado, según datos oficiales, se firmaron casi un millón en toda España.

Además, el Ministerio de Justicia ya ha abierto más vías de financiación para los registradores, coincidiendo con la asunción de los registros civiles. Por ejemplo, una instrucción publicada en el BOE el pasado 12 de febrero obliga a registrar las actas y libros contables de las empresas y un reglamento del registro mercantil con una disposición transitoria que establece nuevas reglas arancelarias.