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Las autoridades de Indonesia planean su inminente ejecución junto a otros 9 reos condenados a muerte por tráfico de drogas. La medida supondrá movilizar a 120 policías, 12 de ellos para fusilar a cada prisionero, lo que ha generado una creciente tensión diplomática entre Jakarta y las naciones de las que son originarios estos convictos, que incluyen Australia, Francia, Brasil, Nigeria, Filipinas y Ghana.

Brasil y Holanda ya retiraron sus embajadores de Indonesia tras el ajusticiamiento de 6 convictos -incluidos 1 brasileño y un holandés- el pasado 18 de enero. Ahora ese conflicto internacional solo puede acrecentarse.

Desde el inicio de su mandato, el nuevo presidente de Indonesia, Jokowi 'Joko' Widodo, prometió aplicar de forma inflexible la legislación local en torno al narcotráfico, una de las más extremas del orbe. “No habrá clemencia para los convictos que han cometido delitos vinculados a los narcóticos. Cada día mueren entre 40 y 50 indonesios, la mayoría jóvenes, por el consumo de drogas”, dijo en la universidad de Yogyakarta ante un público joven más proclive a caer en tentaciones de dinero rápido y las drogas.

Ha habido presiones de todo tipo, pero el mandatario parece hacer oídos sordos. Indicó que no pensaba condonar las sentencias capitales dictadas contra 64 prisioneros, lo que podría constituir todo un récord de ajusticiamientos a nivel regional en los últimos años. Una veintena deberían ser ejecutados en el 2015. “El nuevo gobierno asumió el poder prometiendo mejorar los derechos humanos. Estas ejecuciones serían un movimiento regresivo”, opinó Amnistía Internacional en vísperas del primer fusilamiento.

La controversia solo puede ir a peor ya que el estado asiático y Australia, por ejemplo, ya viven un grave incidente diplomático. Camberra presiona para evitar el ajusticiamiento de dos ciudadanos con pasaporte del país oceánico.