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Un total de 84 ex altos cargos han recibido autorización del Gobierno, desde que comenzó la legislatura, para dedicarse a la actividad privada tras su cese, pero sólo una docena, un 14 por ciento, solicitó volver a la empresa para la que trabajaba previamente.

De los 84, al menos la mitad se marchó a trabajar en sectores relacionados con las competencias del Ministerio para el que trabajaban –y en muchos casos con su actividad profesional previa–. Un total de 14 (el 17 por ciento) recaló en bufetes de abogados o asesorías y 12 en consultorías de distintos sectores. Otros seis se identificaron como consultores o asesores para diversas empresas, lo que suma un total de al menos 32 dedicados a estas actividades (un 38 por ciento).

Además, al menos 10 optaron por fundar su propia firma o trabajar por cuenta propia en el mismo sector o en otro, ocho fueron a parar a lobbies o asociaciones y siete fueron contratados por partidos políticos o regresaron a ellos. La Oficina concedió nueve autorizaciones para trabajar en multinacionales y otras tantas para ir a empresas cotizadas –aunque finalmente no todas se materializaron–. Media docena están vinculados a una o varias universidades y 10 a fundaciones o entidades del tercer sector.

Todo ello se desprende de un análisis, realizado por Europa Press, de las autorizaciones concedidas por la Oficina de Conflictos de Interés del Ejecutivo desde el 1 de enero de 2012, obtenido a través de una petición al Portal de la Transparencia. Las categorías no son excluyentes, puesto que varios recibieron autorización para distintas actividades.

La mayoría, un total de 53, son ex altos cargos del segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que cesaron a finales de 2011 o principios de 2012 y debían solicitar autorización para dedicarse a la actividad privada en los dos años posteriores a su cese. No obstante, la relación no detalla el destino de todos los altos cargos (entre ellos sigue habiendo cargos electos o funcionarios públicos). Además, una vez transcurridos esos dos años no deben pedir autorización para dedicarse a la empresa privada.

En el listado, junto a los procedentes del Gobierno socialista, hay una docena de altos cargos nombrados por el Ejecutivo del PP, cinco diplomáticos, tres militares que pasaron a la reserva y 11 miembros de organismos reguladores que dejaron sus puestos o cesaron al unirse la mayoría de ellos en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2013.

El Gobierno había publicado de oficio el pasado 10 de diciembre sólo las autorizaciones concedidas en el año 2014 hasta esa fecha. Desde entonces se han añadido otras tres, entre ellos al exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para el “ejercicio de la abogacía” y a la exdirectora del gabinete de la exministra Ana Mato, María Teresa Bernedo Arzak, ahora asesora del Grupo Parlamentario Popular.