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Sería impensable hace tan solo cuatro años. Pero el juez Castro ha ratificado esta mañana la apertura de juicio oral a la Infanta por los dos delitos fiscales. Habrá un antes y un después en la historia de nuestro país. Un velo de inocencia se ha caído al suelo para siempre. 

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha acordado sentar en el banquillo de los acusados a la Infanta Cristina como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente 'pantalla' de la que ambos son propietarios.

El instructor del caso Urdangarin sostendrá, en sintonía con lo que concluyó la Sección Primera de la Audiencia de Palma, que la doctrina Botín no es aplicable en este caso puesto que se han lesionado intereses colectivos. Algo irrefutable jurídicamente si es cierto y nos creemos que 'Hacienda somos todos'. 

¿Y cuál podría ser la eventual condena de la mujer de Urdangarin? En consonancia con lo fijado por la Audiencia, de seis meses a dos años de cárcel por cada uno de los delitos. El trío Gómez Reino-De la Serna-Jiménez Vidal se inclinó por imponer el castigo a Cristina de Borbón en su vertiente más baja, como cooperadora necesaria en los dos delitos fiscales de su esposo, y la acusó de incurrir en «un doble efecto fiscal defraudatorio.

Eso sí, descartó el blanqueo de capitales que le atribuía Castro y que la habría conducido irremisiblemente a juicio sin poder invocar eximente doctrinaria alguna.

Lo que sí tendrá relativamente fácil es esquivar el ingreso en prisión si es condenada a menos de dos años en total -cuestión que depende del criterio único del tribunal sentenciador-. La Audiencia consideró que a la Infanta hay que acusarla de “un delito contra la Hacienda en su modalidad básica de uso de sociedades instrumentales, en calidad de cooperadora necesaria”. 

La Sección Segunda de la Audiencia fue contundente en su dictamen al describir al dúo Borbón-Urdangarin como “un matrimonio que abusa de una sociedad para obtener beneficios fiscales y, al mismo tiempo, modificar su régimen económico de separación de bienes a gananciales”. Y equiparó el rol de Cristina de Borbón y Ana María Tejeiro, mujer de Diego Torres: “Servían de instrumento o herramienta fiscal para ocultar las rentas obtenidas por sus maridos y, en consecuencia, para defraudar a Hacienda, tanto en Renta [IRPF] como en Sociedades”.

Así lo ha decidido en el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos, que ha dictado este lunes y en el que finalmente ha resuelto no aplicar sobre la Duquesa de Palma la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para la hermana del Rey Felipe VI.