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El Gobierno ha decidido dar un giro legal para las causas complejas relacionadas con la corrupción y evitar que haya una “sensación de impunidad y sospechas prolongadas o indefinidas en el tiempo”. Para ello, el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita en 3 años las causas de corrupción.

Excepcionalmente, a instancias del fiscal por concurrir razones que lo justifiquen o de oficio por el juez, se podrá fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción de estos procesos, según el texto.

Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde ha destacado también el decomiso autónomo dirigido a “lograr recuperar aquellos bienes que el corrupto o el sentenciado ha podido detraer del dinero público o beneficiarse de su actividad delictiva”.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha expuesto la necesidad de aportar esta modificación a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882, que espera a partir de ahora los informes de los órganos consultivos con el horizonte de llevarlo en febrero al Congreso de los Diputados para su aprobación en 2015.