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 La Audiencia Provincial de Baleares ha dejado en manos del juez José Castro la decisión de aplicar o no, “con libertad de criterio”, la doctrina Botín sobre la Infanta Cristina, por lo que será en el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos donde el magistrado resuelva enviar a la Duquesa de Palma al banquillo de los acusados por dos presuntos delitos fiscales o, por el contrario, archivar definitivamente su encausamiento.

El juez mantiene la imputación de la hermana del Rey por dos delitos de fraude fiscal, por los que será sentada en el banquillo y se podría enfrentar a una petición de pena de seis años de cárcel. A no ser que se aplicara la doctrina antes mencionada. 

El tribunal de la Sección Segunda señala que es al juez instructor a quien corresponde aplicar la anterior doctrina, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, Manos Limpias, por quienes, hasta el momento, está respaldada, y no la Fiscalía o el perjudicado del delito cometido. Hasta el momento, ni Ministerio Público ni la Agencia Tributaria han apuntado a la existencia de indicios criminales sobre la hermana del Rey Felipe VI. 

¿QUÉ ES LA DOCTRINA BOTÍN?

Fue dictada por el Tribunal Supremo en diciembre de 2007 con el fin de limitar la acción de las acusaciones populares, a las que no se considera legitimadas para pedir la apertura de juicio oral cuando la Fiscalía y los perjudicados solicitan el sobreseimiento de la causa. “No puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste bien el Ministerio Fiscal, bien el acusador particular”, alegaba el auto.

Entre polémicas por su aplicación, un año después fue modificada para condenar al expresidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa. El tribunal admitió la acusación popular como única acusación porque se trataba de un delito de “intereses colectivos”.

En el caso Nóos están personadas las acusaciones del Gobierno Balear, de Valencia y su Ayuntamiento, pero a ninguna de ellas les afecta directamente los delitos que se le han imputado a la Infanta.

La Audiencia asevera que existe “un matiz o aspecto a considerar” en el caso de la Infanta comparación con otras ocasiones en las que sí se ha aplicado la doctrina, y es que no sólo sobre la Duquesa pesan delitos fiscales sino también sobre otros imputados, como su marido, Iñaki Urdangarin.

En cualquier caso, a partir de ahora se abre un plazo de diez días en el que la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones del caso -Abogacías del Estado y de la Comunidad Autónoma, Manos Limpias, Frente Cívico 'Somos Mayoría', PP balear y los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia- deberán presentar su escrito de calificación provisional, en el que determinarán definitivamente a quiénes acusan y qué penas solicitan para ellos, además de pedir la apertura de juicio oral, que Castro deberá acordar a través de un auto que ya no será recurrible.

HORRACH CONFÍA EN LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA 

El Fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, ha señalado que “parece que el auto en su última parte hace referencia a la doctrina Botín”. Está confiado de que, de esta manera, evitaría la cárcel. 

En declaraciones a los medios de comunicación tras conocerse la decisión de la Audiencia Provincial, ha señalado que la decisión de la Audiencia de Baleares de mantener la imputación de la Infanta Cristina por dos delitos fiscales “no se la esperaba nadie”, pero ha dicho que no puede hacer una valoración porque no ha podido leer el auto.

El Fiscal ha manifestado que “la Infanta se encuentra en la misma situación en la que estaba justo antes de que la Audiencia Provincial dictase la resolución”.