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“El fraude en las ayudas sociales para algunas nacionalidades concretas es escandaloso. Es más, algunas nacionalidades viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en integrarse”. Con frases como esta de Javier Maroto, pronunciadas al calor del verano se iniciaba un debate fuera de foco que puede que haya que afrontar tarde o temprano. ¿Cómo enfocar las cuantías y el acceso a las ayudas sociales de un sistema de bienestar recortado en la actualidad y quizá con pocas ganas de que engorde?

            

Probablemente aquel no fuera la mejor manera de abordar una discusión que debía ser seria y que ya está instalada en la calle, aunque la mayoría de los expertos consultados lo niegan y, además, abominan de la iniciativa. El caso es que el debate sobre la recogida de firmas para impulsar una reforma del acceso las ayudas no se llegó a celebrar el pasado jueves 16 de octubre porque todos los partidos con representación en el Parlamento de Euskadi realizaron un plante en la Cámara de Vitoria. Querían dejar patente la “soledad” de los 'populares' en esta materia. Y por tener más pistas, el propio PP decidió retirar su moción del orden del día para evitar caminar solo.

Sobre las frases de Maroto, Alejandro Navas, profesor de Sociología de la Universidad de Navarra, opina que “es verdad que no es la mejor manera de abrir una discusión respeto al Estado del Bienestar en el País Vasco y en España, en general, pero también creo que el debate puede resultar necesario, como necesario resulta dimensionar el tema de las ayudas excluyendo cualquier tentación xenófoba. Esta crisis puede haber demostrado que las cuentas no salen”.

El sociólogo Ignacio Urquizu, profesor de la Universidad Complutense y colaborador de la Fundación Ideas, sin embargo, cree que “no se pretende un debate serio respecto al Estado del Bienestar, sino que responde a mero populismo trufado de electoralismo, porque con ideas semejantes se apunta al electorado de otros partidos”.

El caso es que desde el 15 de julio pasado, el discurso de Maroto y del PP vasco que, en definitiva, dio un paso adelante para defender esta propuesta haciéndola suya, ha variado un tanto. Dio igual. SOS Racismo Vitoria anunció que denunciaría a la Justicia buena parte del mensaje por xenófobo, los sindicatos y organizaciones sociales se escandalizaron, el Gobierno del PNV y todos los partidos acusaron a Maroto y al PP de electoralismo. Pero… ¿Se habla en Euskadi de este presunto escándalo en las ayudas sociales? 

Unai Sordo, secretario general de CCOO Euskadi cree que no, pero con este mensaje “se ha confundido política y electoralismo” en el tema de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y se hace un discurso “populista que evidencia analfabetismo cívico”. A juicio de Sordo, “es verdad que puede haber cierto nivel de fraude, que habrá que corregir -y ese debe ser el debate a abordar- pero estamos hablando de unos 15 millones de euros al año de más de 350 presupuestados”. Didácticamente, el sindicalista explica que estas ayudas, en muchas ocasiones son complementos de rentas mínimas y otras pensiones no contributivas muy bajas, por lo que son importantísimas como instrumentos de cohesión social. Y concluye: “Además, es mentira que exista un efecto llamada porque la inmigración en Euskadi ha bajado”

              

Aquel 15 de julio, Maroto llegó a 'matizar' acusando que atribuía el fraude argelinos y marroquíes, “que son los casos más evidentes” y no a “latinoamericanos”.

¿Cómo es la inmigración en Euskadi? Para tener datos, el Observatorio Vasco de la Inmigración, cifra en unos 140.000 los residentes extranjeros en Euskadi, un 6.6% del total de su población. Solo tienen un menor porcentaje las comunidades de Galicia, Extremadura y Asturias. De ellos, en Vitoria, la ciudad que gobierna Maroto, hay 23.000 vecinos extranjeros, unos 8.700 son originarios de África. En 2013 habría alrededor de 3.800 marroquíes empadronados, por 2.050 argelinos. Estas dos son las dos nacionalidades extranjeras más representadas en la capital vasca, además, de los 2.300 colombianos.

Aquellas palabras ocasionaron una gran polvareda y Maroto fue denunciado ante la Justicia por parte de la ONG SOS Racismo Vitoria. En consecuencia, el fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, abrió diligencias y pidió a Maroto que presentara sus alegaciones.

El tema, como vemos, se complicaba. Y si alguien pedía 'más madera', otro popular, en este caso el diputado general de Alava, Javier de Andrés, acusó a SOS Racismo de empadronar de manera “ficticia” a 1.252 inmigrantes que pudo costar al erario público 13 millones de euros al año por el pago de prestaciones sociales. Y por si faltaba un ingrediente contable, el Ejecutivo vasco reconoció, ahondando en el debate, que los “cobros indebidos” en la RGI, entre 2012 y 2013 ascendieron a 56 millones de euros. Es dinero…

Antonio Pérez Ayala, profesor titular de Derecho Contitucional de la Universidad del País Vasco, cree que hay que llamara las cosas por su nombre para comenzar un debate serio: “Aquí hay un problema de legalidad. Existe una Ley 18/ 2008 que establece el sistema de ayudas y los requisitos para ser perceptor. Si se cumplen los requisitos no hay nada de qué hablar. Otra cosa es que hay que poner el acento en medidas para evitar el fraude como se hace con el fraude fiscal. Pero de eso no se ha hablado nada todavía”.

A juicio de este constitucionalista y respecto a las primeras manifestaciones de Javier Maroto, “el problema es que todo se quedó en unas pocas frases que, además, pueden constituir una discriminación clara contra los argelinos y marroquíes. Abrir el melón de las ayudas sociales y la inmigración de este modo ya se hizo en Francia y es muy peligroso”.

¿Como evitar el peligro y reacomodar el bienestar en el Estado? “Con un debate sereno, legal, leal y al margen del calendario electoral”.