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El interlocutor de referencia ya no será el ministro principal, Alex Salmond, quien ha anunciado su decisión de dimitir en el congreso anual del Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) que se celebra en noviembre. Tras el “privilegio” de vivir el referéndum, ha considerado que la negociación necesita un nuevo líder:.

“Éste es un proceso que no es sobre mí, es mucho más importante que eso”. “Como líder mi tiempo está casi acabado, pero para Escocia la campaña continúa y el sueño nunca debería de morir”, ha añadido en una rueda de prensa Salmond, cuya campaña de ilusión logró disparar el respaldo a la independencia a niveles históricos.

El auge del 'sí' registrado en las encuestas en las semanas previas al referéndum llevó a Better Together (Mejor Juntos) a ampliar notablemente su oferta de aumento del techo soberanista y, sobre todo, a articular un calendario de trabajo que debería garantizar que una de las primeras leyes aprobadas la próxima legislatura, a partir de mayo, sea este paquete histórico de transferencias que incluiría desde una mayor capacidad en la gestión tributaria, a un mejorado control sobre gasto y decisiones en materia de Bienestar.

El responsable de plantear el calendario de trabajo fue el ex primer ministro laborista Gordon Brown, quien a medida que se acercaba el 18 de septiembre había adquirido un protagonismo crucial en el debate. El plan es comenzar de inmediato los análisis para estudiar qué competencias son susceptibles de ser devueltas en función de las aspiraciones soberanistas del Patido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) y el acuerdo que tienen todavía por alcanzar los partidos británicos.

En octubre se comenzarán a publicar las propuestas y, a partir de un debate en la Cámara de los Comunes el día 16, se espera que pasen a formar parte de un Libro Blanco en noviembre. En enero, probablemente el 25, coincidiendo con una de las fiestas de referencia en el calendario escocés, la Noche Burns, se presentará el borrador de la Ley de Escocia, que llegaría a tiempo para el denominado Discurso de la Reina, en el que el Gobierno británico anuncia las perspectivas legislativas para el año entrante.

NEGOCIACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas no han sido consensuadas en Londres todavía y es difícil prever que el SNP, que pese a la derrota ha ganado margen de maniobra, ya que los nacionalistas son conscientes de que sus interlocutores estarán obligados a admitir medidas de calado. De lo contrario, su entregada implicación en la campaña del referéndum amenazaría su credibilidad a pocos meses de las generales.

Esta misma jornada, el primer ministro británico, David Cameron, quiso demostrar que su Ejecutivo tomaba la iniciativa para este nuevo capítulo y anunció que el responsable de la organización de los Juegos de la Commonwealth, el lord Robert Smith, será el encargado de supervisar este proceso.

Uno de los condicionantes para las negociaciones es que los tres partidos británicos todavía no han logrado la unanimidad necesaria para presentar un frente común ante el SNP. En cualquier caso, se calcula ya que las nuevas competencias permitirán al Parlamento de Edimburgo recabar 2.000 millones de libras más y aumentar su capacidad de gestión de impuestos clave, como el IRPF.

En la actualidad, la Asamblea de Holyrood cuenta con el poder de aumentar la cantidad abonada por el contribuyente, hasta 3 peniques por libra, si bien todavía no ha hecho uso de esta capacidad. A partir de abril de 2016, cuando una normativa de devolución de poderes aprobada en 2012 adquiera el rango de ley, podrá elevar el margen hasta el 10 por ciento.

PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS

Estos cambios, sin embargo, deberían verse superados si los tres partidos cumplen con la promesa de traspasar poderes “sin precedentes”. De momento, conservadores y liberaldemócratas están de acuerdo en ceder la práctica totalidad del control sobre el IRPF, incluyendo los tramos, si bien Londres dictaría el umbral a partir del que abonar impuestos.

Los laboristas, sin embargo, prefieren no llegar tan lejos y ofrecen aumentar la capacidad de incrementar los niveles de IRPF en un 15 por ciento. En materia de prestaciones, plantean devolver las referidas a vivienda, así como los pagos por discapacidad a mayores de 65 años y el denominado Programa de Trabajo. Los conservadores serían favorables a las dos primeras, pero sus socios de Gobierno prefieren que continúen en Wesminster.

Además, la maquinaria de Westminster se ha ofrecido a mantener el modelo de financiación que en la actualidad garantiza un gasto por habitante de 1.600 libras superior en Escocia que en el resto de territorio. Este blindaje ha sido uno de los catalizadores que ha obligado a Cameron a mover ficha para contrarrestar los efectos sobre otros territorios.

No en vano, el partido galés Plaid Cymru, que persigue una agenda soberanista, ha asegurado que este modelo privaría a Gales de 300 millones de libras al año. Así, aunque el primer ministro defendió hoy el derecho de Cardiff a una mejora de su situación, desde el número 10 aclararon que no hay nuevos planes, más allá de la Ley de Gales, actualmente en tramitación en el Parlamento, que permitirá al Gobierno modificar el nivel del IRPF, si los ciudadanos lo aprueban en otro plebiscito.