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Así lo han confirmado a Europa Press fuentes 'populares', pese a que un sector consistente del partido afirma no estar de acuerdo con la normativa, especialmente por una cuestión estratégica temporal, ya que en 2015 hay elecciones municipales y autonómicas primero, y generales después.

Muchos consideran que esta normativa no les va a beneficiar tras la pérdida de votos cosechada en las europeas. No obstante, el propio ministro ha defendido a capa y espada la reforma, llegando a asegurar que “no iba a dejar morir su ley” y que ésta iba a tramitarse en el Congreso y salir adelante, tal y como los 'populares' se comprometieron en su programa electoral.

De hecho, una de las últimas declaraciones del ministro al respecto fue la que formuló el pasado 21 de julio, en las que ironizaba con que la nueva regulación iba a ver la luz con el final del verano, que según el “Instituto Nacional de Meteorología” acaba en septiembre.

“Estoy en condiciones de decirles que el proyecto se aprobará antes de que termine el verano, y el verano acaba en septiembre, ¿no? ¿Cuándo acaba el verano? Yo creo que en septiembre, ¿no?”, bromeó Gallardón.

ESPERADA DESDE MAYO

La aprobación de la ley se espera desde el mes de mayo. Fue aprobada en Consejo de Ministros justo antes de las vacaciones navideñas, a finales de diciembre, y en mayo se cumplían los seis meses que suelen bastar para que un texto legal del Gobierno pase la revisión de los órganos consultivos. En este caso una cincuentena, y sin contar con el Consejo de Estado, un punto que ha incrementado también la polémica que ya de por sí acompaña a la norma.

El mensaje que se lanzó entonces desde el Gobierno y más o menos se ha mantenido hasta mediados de julio es que la ley se encontraba en esa etapa de revisión y consultas y no iba a entrar en la Cámara Baja hasta julio, para poder tramitarse en otoño y entrar en vigor antes de finales de 2014.

Precisamente, el 30 de mayo el ministro aseguró que el Gobierno no había esperado voluntariamente a que pasasen las elecciones europeas para tramitar la reforma, sino que atribuyó la demora en la aprobación del proyecto de ley a que ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni el Consejo Fiscal habían remitido aún sus informes preceptivos.

“No hemos sido nosotros sino los propios órganos consultivos los que nos han dicho que necesitaban más tiempo para estudiar ese proyecto y nosotros lo que tenemos que hacer es esperar a que el CGPJ y el Consejo Fiscal, que todavía no han remitido sus informes, los remitan”, señaló en una rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros.

Según insistió, hasta que eso no ocurriese, los plazos no dependían del Ejecutivo. Así pues, tras la resolución de ambos informes, todos los focos apuntaban al último fin de semana de junio o al Consejo de Ministros del 4 de julio, ya que el día antes se celebraba en el Congreso un seminario internacional de parlamentarios en defensa de la vida y de la ley de Gallardón, cuya inauguración en un principio iba a correr a cargo del propio ministro para presentar su reforma, aunque su asistencia cayó en último momento.
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Entonces la pelota pasó al 11 de julio, cuando se celebraba la escuela de verano del PP, una fecha poco apropiada para aprobar la normativa, y ha continuado demorándose viernes tras viernes hasta el presente.

Eso sí, otras fuentes del partido aseguraron a Europa Press que la norma ya está lista desde mediados de julio y, además, que ya no depende de Justicia, sino que se encuentra en manos de Moncloa, a la espera del visto bueno del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de su número dos, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Este constante retraso, y la aparente negativa del Gobierno a encontrar un buen momento para presentar la ley definitiva antes de llegar al Congreso, han acrecentado el sentimiento de que ya no es apropiado que esta Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada vea la luz, a pesar de que el ministro la haya defendido de forma tan vehemente y forme parte del programa electoral del PP.

Si se inicia su tramitación tras el verano el tema va a afectar a la campaña electoral y en el PP temen que perjudique tanto los resultados autonómicos como los generales.

LA NORMA SE HA SUAVIZADO

En defensa de la aprobación de la ley, otras fuentes 'populares' afirman que del texto del anteproyecto al actual del proyecto de ley los términos “se han suavizado”, a falta de precisar de qué forma o en qué puntos.

No obstante, entre otros puntos, Justicia podría haber aceptado sugerencias de los órganos consultivos y las presiones de Génova para cambiar el texto presentado en un primer momento. Principalmente, la de renunciar a su pretensión inicial de eliminar por completo el supuesto de malformación fetal, atendiendo a las sugerencias del CGPJ, que en su informe aconseja despenalizar el aborto eugenésico y desligarlo del daño psicológico de la madre, así como simplificar los trámites que la gestante debe completar para interrumpir su embarazo legalmente.

Aunque en principio no va a aparecer como un nuevo supuesto, sí podría encuadrarse con el de daño psicológico a la madre e iría acompañado de una lista de malformaciones fetales incompatibles con la vida, similar a la que en 2010 realizó el Comité de Bioética de la Sociedad Española de Ginecología (SEGO) con motivo de la tramitación de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo vigente.