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La información parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía que asegura, además, que la mayoría -un total de 80.163 del total de 92.081- tardó entre uno y tres meses en empezar a cobrar la prestación económica.

Asimismo, el ente fiscalizador señala que el 92,65 por ciento de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar tuvo un destino y una utilización correcta, datos conseguidos tras inspeccionar el 28,94 por ciento de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio y el 43,73 por ciento de las personas beneficiarias de estas prestaciones.

El informe apunta que en el periodo que va desde 2007 hasta 2012 el grado de pago del programa 31R: atención a la dependencia, envejecimiento activo y discapacidad alcanzó el 93,59 por ciento y un grado de ejecución del 99,41 por ciento.

De este programa, la política de dependencia es la más relevante en cuanto a objetivos, actividades, indicadores y gasto y, por su parte, el programa contó entre 2007 y 2012 de una financiación de carácter finalista de 3.404,45 millones por parte de la Comunidad andaluza y 1.865,46 millones por parte del Estado.

De esta manera, la comunidad autónoma ha cumplido con el artículo 32 de la Ley 39/2006, ya que “su aportación ha sido, para cada año, al menos igual a la aportación de la Administración General del Estado.

En cuanto a las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar suponen, al cierre de 2012, un total de 107.826, lo que representa el 41,32 por ciento del total de prestaciones.

La Cámara de cuentas ha detectado “importantes debilidades” en la memoria de cumplimiento de objetivos por programa, ya que la información resulta “insuficiente” para determinar “cómo afecta un programa a la realidad socioeconómica de Andalucía”.

Así, señala que el análisis de los resultados obtenidos no incluye la evolución, en relación con los ejercicios anteriores, del grado de ejecución alcanzado y de cumplimiento de las previsiones de los indicadores.

El ente fiscalizador ha estimado que los recursos financieros necesarios para la ejecución del programa 31R podrían requerir una mayor dotación de, al menos, 308,58 millones de euros, después de que el gasto devengado por los servicios prestados asciende a 1.296,22 millones, cifra superior a los 987,64 millones transferidos por la Consejería.

La Cámara de Cuentas también ha llamado la atención sobre “la grabación manual de datos” en los sistemas de información utilizados en la gestión de la política de dependencia no comparten elementos de interoperabilidad e integración, que podría llevar a “falta de sincronía” y generar un “desfase temporal entre la gestión y la grabación de los datos”. “Es un factor de riesgo que pudiera generar incoherencias, errores y pérdidas en los datos”, subraya.