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Magdalena Álvarez, la vicepresidenta del BEI tocada por el caso de los EREs se ha visto obligada a dimitir evitando un proceso doloroso que podría haber desembocado en una destitución que con llevaría la pérdidas de algunos de los jugosos derechos que tienen reservados los altos jefes político de los organismos europeos. 

Según describe el diario El Mundo, Álvarez tendrá la misma indemnización y pensión que un ex vicepresidente de la Comisión Europea al dejar el cargo: Un mínimo del 45% de su salario fijo anual -que es hasta ahora de 23.147,26 euros al mes- durante los próximos tres años, lo que equivale en su caso a unos 10.000 euros al mes hasta 2017, año en que se jubila supuestamente. A partir de ese año tendrá derecho a una pensión vitalicia del 4,275% de su salario fijo por cada año trabajado, y como ha cumplido cuatro años en el cargo, su pensión mínima mensual será de 4.000 euros mensuales, compatible con la que perciba en España. 

Sus planes, no obstante no pasan por la inactividad laboral. Se va a tomar unas vacaciones y que pedirá su reincorporación al cuerpo de inspectores de Hacienda, al que pertenece. No le hará falta económicamente, ya queen los últimos cuatro años ha ganado más de un millón de euros bruto.

Y luego, al respecto de su adiós están las distintas versiones. Si según Álvarez “el PP ha hecho una campaña de acoso y derribo” y que Luis de Guindos ha ejercido “presiones”. Pero la versión del Gobierno no puede ser más distinta: Sólo cuando Álvarez ha puesto en peligro la reputación de España y del banco europeo -al estar imputada por delito de malversación contra la Hacienda pública-, ha hecho llamamientos a la responsabilidad y ha activado el procedimiento de cese.