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Sobre la información equívoca que según Competencia están enviando las eléctricas a sus clientes respecto a las nuevas tarifas, Soria reconoce que “puede que la publicidad no se corresponda con el deber de que haya claridad y transparencia” y asegura que una de las cuestiones que más le preocupa es “que los consumidores puedan entender su factura eléctrica”.

El ministro ha recordado que la eliminación de las subastas y el precio fijado por el Gobierno han generado un ahorro de 500 millones de euros para el consumidor en lo que va de año, señalando además los 310 millones que las compañías debieran devolver a sus clientes “porque el precio real de la electricidad en el mercado ha sido de 26 euros inferior al que se fijó”.

En una entrevista concedida a El País, el titular de Industria ha indicado que “hay una probabilidad muy alta” de que se renueven las ayudas correspondientes al Plan Pive, a menos de un mes de que se agoten los fondos invertidos en su quinta campaña. Sobre una posible bajada en las tasas de matriculación, Soria ha recordado que “hay una reforma fiscal en marcha” y que “desconoce” si está prevista esa bajada.

En relación a las quejas de las compañías de energías renovables sobre el cambio unilateral del sistema de primas, Soria ha afirmado que “las cosas se han hecho de manera razonable” y que el Gobierno aprobará las normas que fijan la retribución a las instalaciones de energías renovables y coogeneración antes del 15 de junio. El ministro ha destacado que “no hay ningún país que asegure una rentabilidad de un 10%, 15% o 20% a ningún negocio durante años” y que “no le parece mal” garantizar una rentabilidad del 7,5% durante la vida útil del proyecto.

Soria ha insistido en la necesidad de “reindustrializar España, y ganar competitividad gracias a la innovación, revitalizando el Hecho en España, como los alemanes están orgullosos de su Made in Germany o los norteamericanos su Made in USA”. Ante la amenaza de que la mejora de competitividad se alcance bajando los costes laborales, el ministro recuerda que “muchas empresas internacionales han relocalizado su producción en España por la evolución de esos costes” y que hay otros como los energéticos o la financiación, en los que también ha habido mejoras.

En relación a las quejas del sector televisivo por el reciente cierre de nueve frecuencias, el titular de Industria ha remarcado que “no se contempla ninguna compensación” porque no es un cierre gubernativo. “Lo ha dictado el Tribunal Supremo en varias sentencias desde 2010, al estimar que la adjudicación de esos canales fue ilegal porque se hizo sin concurso”, ha recordado.

El ministro ha aclarado que fue el propio Supremo quien le instó a “hacer cumplir el fallo o a pagar una sanción económica”. “Entiendo que no les haya gustado a las licenciatarias pero había que dejar libres esas frecuencias por las que las compañías de móvil pagaron 1.600 millones de euros” y en las que podrán desplegar sus servicios de 4G en cuanto estén disponibles”, ha concluido.