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La UE y la democracia: ¿Entendemos qué votamos y para qué sirve?

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El ejemplo es lo bastante claro para explicar los resortes comunitarios: La Eurocámara ha propuesto y aprobó de manera abrumadora que en Europa haya un 40% de mujeres en los consejos de las grandes corporaciones. Todo ellos por ley. Pero algunos gobiernos lo han frenado en su órgano de representación directa. ¿Cómo se gestiona esto? ¿En que quedará? ¿Quién gana y quién pierde? A partir de este caso real podemos entender más una institución supranacional cuyas decisiones, de manera difusa en unos casos, y férrea y nítidamente en otros, nos afectan a todos los ciudadanos de la UE. 

Las tres instituciones nucleares del organismo comunitario: Europarlamento, Consejo y Comisión tienen distintas atribuciones en relación a los poderes clásicos: legislativo, ejecutivo e, incluso, judiciales. Es la Comisión, una especie de Gobierno muy limitado, el motor de la Unión. Propone leyes, vigila su cumplimiento e incluso sanciona. Los otros dos comparten el poder legislativo, por lo que se crea un sistema de doble lectura. Lo que aprueba una, debe ser refrendado por la otra. «Y hay que tener claro que no todas las leyes -que no existen- que emanan de las instituciones comunitarias, bien del Europarlamento, bien de la Comisión, tienen las misma fuerza: Hay reglamentos, directivas y decisiones. Solo los reglamentos se incorporan al derecho de cada país directamente y obligan a los Estados. Los otros dos actos comunitarios son más flexibles», dice Claribel De Castro, profesora de Relaciones Internacional de la UNED y especialista en derecho comunitario. 

Sigamos con nuestro ejemplo: La cuota de mujeres en los consejos de administración en la UE ha aumentado hasta el 16,6% en abril de 2013 -frente al 15,8% en octubre de 2012-. España está por debajo de la media comunitaria, en el 14,3%. Parece razonable que algo raro está pasando en la sociedad cuando ocurren estos fenómenos. Pues bien, con estos parámetros, la Eurocámara respaldó hace dos semanas la probación de esa norma para imponer una cuota femenina del 40% en los puestos no ejecutivos de los consejos de administración de las grandes empresas cotizadas de aquí a 2020.  La votación todavía debe ser confirmada por el pleno del Parlamento Europeo y los Gobiernos de los 27, pero choca con la oposición de Estados miembros liderados por Alemania y Reino Unido en el seno del Consejo

                        

La medida la propusieron Francia e Italia -no España- y los países miembros se reparten entre secundar a éstos y quienes rechazan frontalmente la medida. Aun rebajando la cuota obligatoria de mujeres del 40% al 33, la medida sigue siendo inaceptable para los irreductibles. Y parece que lo único que logrará esta discusión en Bruselas es mantener el tema vivo.  «Mientras que en cada país, generalizando, es el Parlamento quien tiene la potestad legislativa. En la Unión, colegislan Consejo Europeo y Europarlamento, y ninguno de los dos prima sobre el otro y no es posible que uno legisle sin el acuerdo del otro en las sucesivas lecturas de aprobación -hay tres-. ¿Es eso menos democrático. No lo creo, si acaso más: a los parlamentarios lo eligen todos los ciudadanos de la Unión, a los miembros del Consejo, -en su mayoría ministros o miembros de los Gobiernos- los eligen los ciudadanos de cada país miembro».

Jesús Andrés, catedrático de Ciencias Políticas de la UNED, se pregunta «¿Cómo va a existir déficit de democracia si en último término siempre está la voluntad de los ciudadanos y las urnas? ¿Cómo va a faltar democracia si España, por ejemplo, ya intentó un acercamiento en época franquista y siempre estuvo vetada por no ser, precisamente, una democracia de garantías. El problema es que Europa no se ha explicado bien. En parte porque sus miembros han sido poco aplicados en la difusión de UE como idea, en parte porque son celosos de su soberanía y, por qué no decirlo también, porque la conviene tener, por momentos, un chivo expiatorio«. 

La medida que nos ha servido de ejemplo ha sido polémica porque los mismos gobiernos que bloquean su aprobación ahora, antes ya intentaron convencer a la Comisión -esa suerte de ejecutivo comunitario con poderes limitados que no se elige en las urnas- de que retirara sus planes. Y algunos de esos gobiernos refractarios, como Suecia, tienen legislación propia muy avanzada en materia de igualdad. ¿Cómo se entiende? «No hay que confundirse, la oposición de algunos países tienen que ver con la imposibilidad de adaptar esa norma europea a su propio derecho porque colisiona o crea conflictos entre los gobiernos de regiones, 'lander' o comunidades autónomas -caso de España- y el Ejecutivo central. O puede ser que el derecho societario sea muy distinto y restrictivo con el poder político y protector con los consejos de administración de sus grandes empresas», dice la experta en derecho comunitario. 

Al final el proyecto quedará probablemente en nada. ¿Pero no sería lo más democrático que la Ley que los representantes de los ciudadanos europeos salidos de las urnas han apoyado se directamente a obligar a los Estados? El asunto es el poder y el juego de contrapesos que intervienen en la toma de decisiones de las tres instituciones legislativas de la UE. Y hay quien se conforma con que, al menos, la tendencia sea la marcada por la normativa que se intenta aprobar. «La presión regulatoria funciona. Están empezando a aparecer grietas en el techo de cristal. Cada vez hay más compañías que compiten para atraer el mejor talento femenino», sostiene al respecto la vicepresidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y responsable de Justicia, Viviane Reding, promotora de la iniciativa.