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La reforma de la justicia universal, promovida por el Gobierno del PP y que apadrina el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón para limitar la capacidad de los jueces españoles para perseguir delitos de lesa humanidad, tiene agujeros. Una gotera tremenda por la que se han colado, de momento, algunos narcotraficante que no pueden ser sentenciados por la Audiencia Nacional. Son ocho ciudadanos egipcios detenidos en el pesquero 'A la voluntad de Dios' cargado con 10 toneladas de hachís y que fue interceptado por aduaneros españoles en aguas internacionales al sur de Almería.

La reforma que pretendía normalziar las relaciones diplomáticas con potencias extranjeras después de que países como China presionaran al Ejecutivo español, tiene estos efectos colaterales. Y fuentes judiciales aseguran que el caso de los egipcios no será probablemente el único caso, y creen que decenas de narcos extranjeros detenidos por España en aguas internacionales pueden ser liberados en cumplimiento de la nueva norma.

El pasado martes, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu archivó la investigación sobre el barco pirata A la voluntad de Dios y ordenó la excarcelación de los ocho marineros egipcios. El magistrado entendía que la reforma de la justicia universal, en vigor desde el 15 de marzo, limitaba la capacidad de investigar y enjuiciar barcos cargados con droga a los siguientes supuestos: que el procedimiento penal se dirija contra un español; que el barco enarbole pabellón español; que haya un grupo de individuos que planean introducir droga en España; o que el alijo tenga como destino España. Al margen de esos supuestos, las autoridades españolas pueden actuar para atender peticiones de ayuda de otros países, al amparo del Convenio de Viena de 1988, según indica El País.

La novedad legal amputa de esta manera la capacidad de perseguir judicialmente a narcobarcos tripulados por extranjeros en aguas internacionales, según Andreu.