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La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 29.568.129,20 euros a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez, según un auto al que ha tenido acceso Europa Press.

DECLARÓ EL PASADO MES DE NOVIEMBRE

Magadalena Álvarez volvió a declarar el pasado mes de noviembre ante la juez Alaya por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía.

Magdalena Álvarez ya compareció ante la magistrada el pasado 8 de octubre de 2013. La magistrada tomó la decisión de citar a declarar nuevamente a Magdalena Álvarez después de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla anulara parcialmente el auto de 28 de junio en el que la instructora imputó a la exconsejera y le pidiera que dictara una nueva resolución en la que “concrete” y “precise” los hechos que le atribuye.

UN SISTEMA ILEGÍTIMO

En el auto donde citó por segunda vez a la exconsejera, la magistrada dice que, el pasado 8 de octubre, ya leyó “detenidamente” a la exconsejera su imputación, basada en “su ilícita intervención en los hechos y los pasos que dio en connivencia con otros para instaurar el ilegítimo sistema de las transferencias de financiación para la concesión de subvenciones sociolaborales” por la Consejería de Empleo, primero “a través de las modificaciones presupuestarias y luego a través de la inclusión del sistema en las sucesivas leyes de presupuestos”.

La juez también aludió a la posible participación de aforados en los hechos, en respuesta al auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, donde este tribunal le advertía de que “podría haberse alcanzado el límite máximo de instrucción por el juez ordinario antes de elevarse la causa al juez competente en las causas por aforamiento”.

Pues bien, la instructora aseguró que “cierta es la posible participación de aforados”, y recordó para ello el auto en el que abrió el proceso para imputar a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y a cinco exconsejeros, todos ellos aforados al tratarse de diputados en el Congreso o de parlamentarios andaluces.