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El exlíder del 'comando Vizcaya', Arkaitz Goikoetxea, y el que fuera 'número uno' de ETA Jurdan Martitegi se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por la presunta comisión de 33 asesinatos terroristas en grado de tentativa, uno de estragos, otro de tenencia de explosivos, dos delitos de detención ilegal y otro de robo de vehículo a motor.

ETA cometió este atentado apenas dos semanas después de asesinar a tiros al exconcejal del PSE Isaías Carrasco en el portal de su vivienda en Mondragón-Arrasate (Guipúzcoa). La casa cuartel de Calahorra ya sufrió un atentado similar en 1983, sin registrar víctimas mortales.

El fiscal Carlos Bautista considera que Arkaitz Goikoetxea, alias 'Dulantzi', y Jurdan Martitegi, 'Arlas', formaban parte en febrero de 2007 del comando 'Askatun Haizea', junto a los etarras Asier Borrero e Iñigo Gutiérrez Carrillo.

RETUVIERON A UNA PAREJA Y USARON SU COCHE EN EL ATAQUE

Según su escrito de conclusiones provisionales, el comando decidió el 21 de marzo de 2008 colocar un coche-bomba frente al cuartel de Calahorra, situado en la calle General Gallarza, para que hiciera explosión a las 14.00 horas. El artefacto estaba compuesto de dos barriles de cerveza de unos 50 litros cada uno con explosivo amonitol.

Los terroristas fabricaron la bomba en un piso de Ezcaray y lo trasladaron en una furgoneta, en la que se encontraron rastros genéticos de Goikoetxea, hasta Álava. Allí, hicieron una parada esperando al paso de algún vehículo para utilizarlo en el atentado.

Siguiendo esta estrategia, los etarras retuvieron a una pareja que se preparaba para una jornada de senderismo, les encañonaron y retuvieron, maniatados con bridas y con los ojos cerrados, mientras cargaban su Honda Civic de explosivos.

Martitegi condujo dicho vehículo hasta la casa cuartel, mientras Gutiérrez realizaba labores de lanzadera y Goikoetxea y Borrero custodiaban a la pareja detenida, que fue liberada a las 14.20 horas.

Aparcado el coche-bomba, Goikoetxea avisó a la DYA de Álava y a los bomberos de Calahorra, lo que sirvió para desalojar las viviendas y evitar una masacre. El edificio albergaba a 33 personas, de las cuales al menos 23 eran guardias civiles. El ataque dejó siete heridos y causó daños superiores a los 4,7 millones de euros en inmuebles y vehículos estacionados en la zona.