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El magistrado, que se encuentra de guardia esta semana, ordenó a las Fuerzas de Seguridad del Estado que procedieran a la localización de los mediadores para comunicarles que serán interrogados en el tribunal.

La medida cuenta con el apoyo de la fiscalía de la Audiencia Nacional, que ya avanzó su intención de reclamar la comparecencia, a petición del colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco (Covite).

Fuentes de Covite explicaron a Europa Press que se pusieron en contacto con la Fiscalía de la Audiencia Nacional “en vista de lo ocurrido” ayer –en referencia a la comparecencia de la CIV realizada en Bilbao y el vídeo difundido por la BBC–, después de que “una serie de personas autodenominadas verificadores internacionales asumieran haberse reunido con ETA y haber estado con terroristas en búsqueda y captura”.

El colectivo vasco de víctimas trasladó su intención de actuar y de pedir que se citara como testigos a los componentes de la CIV para que “den toda la información que tengan sobre estos terroristas y precisen dónde estaban, quiénes eran, si conocen su identidad, dónde se reunieron con ellos, con el objetivo de que las Fuerzas de Seguridad los detengan de inmediato”.

La (CIV) anunció el viernes en Bilbao que ETA ha sellado una “cantidad determinada” de armas, munición y explosivos. Según han dicho, “en abril de 2013 ETA solicitó de manera confidencial a la comisión un proceso de sellado y puesta fuera de uso de las armas, munición y explosivos”.

El líder del grupo de verificadores, Ram Manikkalingam, explicó que, en abril de 2013, ETA solicitó “de manera confidencial” a la CIV “que incluyera en su mandato” la verificación de un proceso “unilateral” de sellado y puesta fuera de uso operativo de las armas, munición y explosivos de ETA.

Después de que la Comisión aceptara esa solicitud, en septiembre del mismo año, la banda le transmitió que “estaba dispuesta a dar el primer paso en este proceso”, que se produjo en enero de 2014, en su presencia.