Compartir

El juez Castro prohibió expresamente la toma de audio o video durante la declaración de la Infanta Cristina en los Juzgados de Palma el pasado sábado día 8 de febrero. Sin embargo, las altas medidas de seguridad no fueron suficientes para evitar que alguien grabase con su dispositivo móvil a la hija del Rey ante el juez.

Más de 200 agentes velaban en el interior de los juzgados para que nadie rompiera las reglas de seguridad impuestas. Detectores de metales, rayos X, registros personales, rastreos tecnológicos en busca de cámaras o micrófonos… no fueron suficientes.

Desde segunda fila se grabó parte de la declaración que la Infanta Cristina defendía ante el juez Castro. En las imágenes, que duran aproximadamente cinco minutos, se puede ver a la Infanta, de espaldas, respondiendo a las preguntas del juez, que le muestra algunos documentos y correos sobre las actividades del Instituto Nóos.

Con abucheos de fondo procedentes de la calle, se escucha a la hija del Rey, quién contesta en varias ocasiones con claros “no recuerdo” y “desconozco la mecánica”. Mientras, el cámara graba incómodo: la imagen ladeada tiembla y en ocasiones se desvía al suelo y al techo, intentando seguramente no ser descubierto.

Tras que el vídeo saliese a la luz, publicado por la edición digital del diario El Mundo desde la plataforma wouzee, el juez pidió al jefe superior de Policía de Baleares, Antonio Jarabo, que se investigase la captación de esa imagen ya que considera el suceso como “algo incalificable”. El responsable, quién aún se desconoce, al igual que el método que utilizó para captar las imágenes, podría ser culpado de delitos de desobediencia y revelación de secretos.

Por el momento se está investigando el origen de dicho vídeo. El decano del partido judicial de Palma, Francisco Martínez Espinosa, ha anunciado la apertura de diligencias previas contra la persona que lo filtrase. “No estoy preocupado, pero sí en cierta medida indignado por quien llevó a cabo esta práctica, quien desmerece radicalmente lo que hizo. Debe pagar las consecuencias legales por ello”, ha incidido.