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El juez de Instrucción de Madrid Juan Antonio Toro interrogará el próximo 24 de enero al ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa y a siete antiguos directivos de la entidad financiera por presuntos delitos de abuso de posición dominante y administración social fraudulenta cometidos en el marco de la compra del City National Bank de Florida en 2008.

El magistrado ha dictado este martes un auto en el que acuerda una batería de diligencias para impulsar la causa. Entre ellas, la toma de declaración de Miguel Blesa, junto a la del ex director general financiero y de riesgos, Idelfonso Sánchez Barcoj, los miembros del Comité Financiero Juan Bartolomé, Gonzalo Alcubilla, Fernando Sobrini y Luis Crespo, el que fuera director general de Negocio Matías Amat, y el ex directivo Rafael Sánchez Lozano.

A raíz de la querella presentada por Manos Limpias, Juan Antonio Toro también solicita al Banco de España que informe sobre el control de cambio y aclare a partir de qué importe es necesaria o no la autorización para adquirir un banco extranjero y, en su caso, cuál es la autoridad encargada de darla.

El juez cita también el 23 de enero al representante legal de Bankia para que se pueda personar si la entidad se considera perjudicada. Entre otras cuestiones, se le preguntará por las personas que formaban parte del área del Cumplimiento Normativo, las facultades en materia de riesgo de crédito para la banca comercial, los miembros del gobierno corporativo a 12 de junio de 2008 y el cambio a la Comisión de Inversiones de Caja Madrid.

De igual modo, Toro quiere saber si el Consejo de Administración de la caja de ahorros trató esta operación y si existe constancia escrita del acuerdo adoptado. Por ello, pedirá a Bankia que aporte dicho acuerdo y el documento donde aparece el precio de adquisición, en un primer tramo se compró el 83% y poco después el resto, junto a las transferencias realizadas.

Bankia deberá presentar en la comparecencia la 'due diligence', los documentos precontactuales y los medios de pago utilizados en la operación, identificando las cuentas de origen y las receptoras. El juez pide además a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que designe un experto para determinar si la operación produjo un perjuicio a la entidad.