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La población reclusa en España ascendía a 68.092 personas en agosto de 2013, el último mes para el que hay disponibles estadísticas. 62.912 son hombres y 5.180 mujeres. La cifra ha bajado en los últimos años: en 2009 había 76.079. Sin embargo, siguen siendo más de los que nuestras cárceles, en teoría, pueden soportar. “Debería haber un preso por celda, pero lo normal es que sean dos”, explica Xavier Caño, voluntario en cárceles como la de Soto del Real en Madrid durante ocho años y autor de libro 'Voluntarios en prisión' junto con Cristóbal Sánchez Blesa.

Jesús Otín, secretario general de prisiones de UGT, ahonda en la misma idea y explica que, aunque la mayoría de los centros están concebidos para 1.008 plazas, muchos superan esta cifra y mantienen a una población que, en algunos casos, alcanza los 1.500 presos. “En un espacio reducido esto provoca problemas de convivencia y muchas dificultades para los funcionarios. En los módulos, previstos para unos 70 ó 72 internos, hemos llegado a tener 120”, apunta.

La situación no parece que vaya a mejorar. El Gobierno aprobaba en un Consejo de Ministros en julio de este año un 'plan de amortización' que prescinde de la construcción de diez centros de inserción social y la unidad de madres del Centro Penitenciario de León. Además ralentiza las obras ya aprobadas en Málaga II, Comunidad Valenciana, Soria y Ceuta.

LA MAYOR PARTE, POR PEQUEÑOS DELITOS

A pesar de todo, ni la masificación ni los problemas de convivencia son equiparables a los de una cárcel latinoamericana. La propia concepción y estructura de los centros es también muy diferente y evita que surjan grandes mafias, complejos sistemas de extorsión o regímenes de terror entre los presos. “Cuando se habla de 1.500 presos aquí no se encuentran todos juntos, sino que son clasificados en función de su peligrosidad y conviven en módulos que en teoría están entre las 70 u 80 personas”, explica Otín. “Pero eso no significa que no haya problemas”, añade.

Xavier Caño coincide en que “no es habitual la violencia entre los presos”. Y entre los problemas señala la escasa atención que, en su opinión, el sistema presta a la reinserción. “El espíritu de la ley es que deben recibir tratamiento y formación para poder reincorporarse a la sociedad, pero lo que prima en realidad es la vigilancia”, denuncia. Señala además que, lejos de algunas opiniones, los centros no son lugares precisamente agradables y añade que “los presos han sido condenados a ser privados de libertad, no a vivir jodidos”.

LA DROGA, IMPOSIBLE DE ERRADICAR

Entre los problemas reconocidos por ambas partes se encuentra la presencia la droga. “No solo no es difícil conseguirla, sino que es más fácil que en la calle”, cuenta Caño. Normalmente, no se trata de grandes mafias organizadas, sino de pequeños trapicheos que aprovechan las visitas o los bis a bis para introducir estupefacientes.

“La presencia de la droga en la cárcel es muy difícil de erradicar. Hay mucha gente allí enganchada, que ha perdido su vida por la droga. Si nosotros tenemos constancia de que se va a realizar alguna entrega en un permiso o durante una visita, actuamos; pero no podemos hacer redadas masivas, eso la ley no lo ampara”, cuenta Otín.

EUROPA DENUNCIA MALTRATOS

El pasado mes de abril se hizo público un informe del Comité del Consejo de Europa para la prevención de la Tortura que señalaba casos de malos tratos detectados en prisiones y pedía a España su erradicación. Entre ellos, someter a los presos a grandes periodos de inmovilización, sujetarlos con esposas a la cama u obligarles a hacer ejercicio. En concreto se pedía a España una revisión urgente del procedimiento de inmovilización y la puesta en marcha de medidas más estrictas para su aplicación. Decía el comité que esta medida debía usarse con fines médicos, y nunca como castigo o para compensar la falta de personal.

El comité, que realizó sus visitas a España durante 2011, se refiere en particular al fallecimiento de un interno en septiembre de 2011 en La Modelo de Barcelona: murió atado en la cama boca abajo y los expertos se preguntan si tal cosa pude tacharse de 'muerte natural'.

“Al margen de errores puntuales, el sistema es garantista con los derechos de los presos. De los cerca de 70.000 presos habrá solo 10 ó 12 casos en investigación por parte del Defensor del Pueblo”, dice Otín.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no ha querido comentar ni este ni otros aspectos de este reportaje en Qué.es.

¿HACIA LA PRIVATIZACIÓN?

A los problemas anteriores se suma un conflicto laboral cada vez más agudo. Las plazas de los funcionarios no se reponen desde hace tres años y los sindicatos calculan que ya se han perdido 1.500 puestos de trabajo y que las carencias en recursos humanos afectan ya al servicio. A esto se suma la externalización de la seguridad exterior de las prisiones, que estas organizaciones ven como el primer paso hacia la privatización total de las cárceles.

Ayer se realizaron concentraciones en las prisiones de Soria, Murcia, Pamplona y Soto del Real, en Madrid. Y el próximo día 30 se harán en Daroca (Zaragoza), Jaén, Burgos y Huelva.