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La juez Mercedes Alaya, que investiga la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, traducida en ayudas arbitrarias y expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, tiene previsto tomar este martes declaración, a las 10,00 horas y en calidad de imputada, a la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez. La exconsejera goza del correspondiente derecho constitucional a no declarar, si bien fuentes cercanas a ella han manifestado a Europa Press que Magdalena Álvarez ha decidido declarar ante la juez.

Fue a comienzos del pasado mes de julio cuando la juez Alaya emitió un auto en el que anunciaba un “paso cualitativo” en la instrucción del caso con la imputación de 20 cargos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

En aquel auto figuraba la imputación del entonces viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos entre 2002 y 2009, Antonio Vicente Lozano Peña, del ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, o los exviceconsejeros de Economía y Hacienda, José Salgueiro; de Innovación, Ciencia y Empresa, Jesús María Rodríguez y Gonzalo Suárez; y de Empleo, Justo Mañas.

Pero sobre todo, entre las imputaciones destacaba la de la consejera de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez.

LAS TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN

Señalando el “procedimiento específico” gracias al cual el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), ahora convertido en la agencia IDEA, gozaba de transferencias de financiación para librar las ayudas investigadas, la juez se remitía a un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas para destacar que resulta “claro que la utilización vía modificación presupuestaria o a través de los presupuestos de la comunidad autónoma, de las transferencias de financiación para el pago de tales ayudas sociolaborales, habría permitido la concesión de subvenciones al margen de su normativa reguladora, en la que se requiere la fiscalización previa por parte de la Intervención”.

“Ha llegado el momento de dar un paso cualitativo (…) y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas” que, “en la ejecución de sus respectivas competencias, habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos que indiciariamente se ha venido observando a lo largo de la presente instrucción”, señalaba la juez en aquel auto.