domingo, 27 septiembre 2020 9:24

Periferias colombianas, las nuevas trincheras del desplazamiento forzado

“Los desplazados de hoy son los hijos de los desplazados de ayer”, lamentó la representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Colombia, Terry Morel, al apuntar que muchos de los que hoy deben huir de sus casas en la ciudad fueron antes víctimas de desplazamiento forzado en el campo.

Quienes sufren el desplazamiento intraurbano son víctimas por partida doble pues, según Marcos Oyaga, de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento (CODHES), sólo han recibido alguna “ayuda de emergencia” y no forman parte del grupo de beneficiarios de las reparaciones de la Ley de Víctimas, en vigor desde 2012.

“El 20 % del desplazamiento masivo que hubo el año pasado fue intraurbano, algo que no se había visto nunca en la historia del conflicto colombiano. Veinticuatro eventos en los que huyeron alrededor de 20.500 personas, una cifra escandalosa que sabemos que no está ni cerca de la realidad”, explicó Oyaga a Efe.

En la ciudad de Tumaco, en el Pacífico colombiano, todos hablan bajo, nadie sabe nada ni quién es quién, pero los habitantes conviven con la extorsión, las amenazas, el abuso sexual y el reclutamiento forzado por parte de grupos armados y paramilitares que se desmovilizaron y volvieron a delinquir.

“El miedo y la sospecha se han convertido en un estado de ánimo”, dijo a Efe una de las víctimas, quien ya no puede asistir a misa los domingos porque cruzar al barrio vecino, controlado por otro grupo criminal, supone arriesgar demasiado.

“La Policía sólo viene a entregarnos el féretro”, añadió otra. Ambas piden mantener el anonimato por miedo a represalias y tampoco han denunciado ante la Fiscalía o la Unidad de Atención a Víctimas, por desconfianza hacia posibles informantes, por falta de confidencialidad y porque se preguntan: “¿para qué?”.

Medellín, Buenaventura, Tumaco o Toribío son los lugares que, según CODHES, encabezan las listas de desplazamiento intraurbano masivo en el país, pero Oyaga alertó sobre el fenómeno del “gota a gota” que viven miles de personas al huir de sus casas en la más absoluta invisibilidad y bajo el miedo a las represalias.

“Sin decir claramente que el conflicto se urbanizó, cada vez más las ciudades reflejan sus consecuencias”, aseguró Oyaga, quien advirtió del giro estratégico de los grupos para imponer sus actividades económicas ilegales a partir del control territorial y social.

De acuerdo con CODHES, 22 de los 24 casos de desplazamiento intraurbano masivo fueron responsabilidad de estos grupos paramilitares posdesmovilizados, lo que, según Oyaga, obliga a preguntarse sobre el futuro de la violencia en Colombia.

“Si mañana se firma la paz entre las FARC y el Gobierno, en el núcleo urbano de Buenaventura o Quibdó no va a pasar absolutamente nada”, alertó.

Hace cuatro meses, el sector de La Loma, en el corregimiento de San Cristóbal en Medellín, se convirtió en un referente para reconocer y actuar contra este fenómeno, cuando la Alcaldía logró el retorno en quince días de 48 de las 63 familias que habían salido de sus hogares bajo las amenazas de bandas criminales.

“Lo que no había conseguido la guerrilla ni los paramilitares lo consiguieron dos pelados (chicos) en una tarde”, explicó irónica María de los Ángeles, quien aún recuerda ese 5 de mayo en el que dos jóvenes llegaron para obligarla a ella y a su hija a empaquetar sus cosas y huir del rancho en el que hoy ondea una sábana blanca en señal de paz.

“El mayor desafío es avanzar en estrategias de prevención y eso empieza por entender cómo se mueven las redes legales e ilegales en estas zonas”, reconoció por su parte Luz Patricia Correa, directora del Programa de Atención a Víctimas de Medellín, quien lideró un protocolo de retorno único en el país.

Durante semanas, funcionarios pasaron día y noche con las víctimas, bajo la custodia del Ejército y la Policía, con el objetivo de crear una solución duradera que garantice una vida sin violencia a sus pobladores.

Irene Urango