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El agente de Venezuela para el caso, Germán Saltrón, afirmó ante los jueces interamericanos que este caso, el décimo cuarto que enfrenta Venezuela ante la Corte, sirve para que “la oposición siga en su actitud golpista”.

Brewer explicó a la CorteIDH que demandó al Estado por presuntas violaciones a sus garantías judiciales ocurridas en un proceso seguido en su contra por el delito de conspiración para cambiar violentamente la Constitución en 2002.

El abogado fue acusado en 2005 y se le dictó una orden de captura, y aseguró que a pesar de que sus abogados interpusieron un recurso de nulidad del proceso, este nunca fue resuelto por un juez.

Para Saltrón, el único culpable de que el proceso no haya concluido es el mismo Brewer pues “huyó del país hacia Estados Unidos”, por lo que lo calificó como un “prófugo de la justicia venezolana”.

El agente estatal acusó a los jueces Diego García-Sayán, Leonardo Franco y Manuel Ventura, de no ser imparciales para conocer este caso, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual, aseguró, es pagada por Estados Unidos.

“Lo que se quiere con esta sentencia es demostrar que no hay Estado de derecho en Venezuela, ni independencia del Poder Judicial, lograr que la oposición siga en su actitud golpista”, afirmó Saltrón en sus alegatos finales.

Brewer sostuvo que el Estado venezolano lo ha perseguido injustificadamente por su presunta participación en el golpe al entonces presidente Hugo Chávez en abril de 2002.

Además, dijo que es la única persona a la que no se le aplicó una amnistía decretada por Chávez en 2007 y que toda la situación lo ha obligado a vivir en el exilio en Estados Unidos desde 2005, lejos de su familia, amigos y de su carrera como abogado y profesor.

Al abogado se le acusó en Venezuela en 2005 por supuestamente ser el autor material e intelectual e instruir la redacción del decreto mediante el cual se abolieron los poderes constituidos de Venezuela durante el golpe de Estado contra Chávez, y por el que asumió el poder temporalmente el empresario Pedro Carmona.

Los defensores de Brewer afirmaron hoy que la presunta víctima no busca una indemnización económica sino una “reparación moral”, por lo tanto, indicaron a los jueces que solo le piden al Estado “un bolívar (moneda venezolana)”.

La CorteIDH podría dictar sentencia en este caso en un periodo de unos tres meses.