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En un comunicado, la sección sindical sale al paso de las manifestaciones del secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, en una entrevista con 'El País' en la que sugería que los trabajadores del sindicato despedidos el año pasado pudieran “haber filtrado algún tipo de documentación”.

Aunque Fernández reconoce no tener constancia de ello, expresa su preocupación por que se sustrajera información y se filtrara a los medios, que en las últimas semanas han informado de un supuesto desvío de fondos de formación por parte de UGT para pagar gastos de una huelga general y una comida en la feria de Sevilla, entre otros, y que ha llevado a la Fiscalía a abrir una investigación.

En cualquier caso, la sección sindical de trabajadores de UGT sostiene que, si la dirección del sindicato tenía alguna sospecha, tenía que “haber denunciado cualquier anomalía”.

También sale al paso ante las “presuntas facturas falsas o errores como los califica el secretario general de UGT-A” y deja claro que “ningún trabajador ha podido cometer presuntos errores de esa naturaleza al imputar gastos ordinarios del sindicato a programas finalistas sin una orden expresa de la comisión ejecutiva regional”.

Una vez puesta en marcha la actuación judicial tras la denuncia de Manos Limpias, por un lado, y la actuación del fiscal jefe de Andalucía abriendo una investigación de oficio por un supuesto desvió de fondos públicos se verá “si la información facilitada por varios diarios es motivo de causa penal y de imputación por parte de los tribunales de justicia”, señala la nota sindical.

La dirección de UGT ha constituido una comisión interna para investigar la gestión que ha hecho el sindicato de los fondos de formación y detectar si ha habido posibles errores.

Asimismo, la sección sindical aprovecha para denunciar que la dirección del sindicato quiso “imponer” a los trabajadores rebajas salariales de entre el 35 y el 55 % manteniendo la jornada completa y sin descartar despidos en un plazo de seis u ocho meses.

Además, ha denunciado que la medida “impuesta” por UGT-A de despedir a 130 fijos-discontinuos del programa Orienta de la Junta cuando el citado programa está en vigor.

Respecto a los trabajadores de la estructura afectados por el ERE de UGT-A, que en total recayó sobre 159 personas, también se “impusieron los nombres de los despedidos desde el primer día, en base a valoraciones subjetivas que hacían los ejecutivos de cada provincia en sus despachos como si estuvieran jugando a las quinielas”.