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En un comunicado difundido en las últimas horas, el Gobierno insistió en la necesidad de investigar el suceso y garantizar la seguridad de las personas que acoge Irak.

En el caso de los miembros de la organización opositora iraní “Muyahidín Jalq” (combatientes del pueblo), Bagdad afirmó que sigue intentando repatriarlos, ya que se encuentran de manera “ilegal” en territorio iraquí.

Al menos 50 miembros de esa organización murieron ayer y decenas resultaron heridos en un asalto policial contra uno de sus campamentos en Irak, según las últimas cifras proporcionadas por fuentes de refugiados iraníes, si bien las autoridades no han dado datos del suceso.

La ONU condenó ese ataque contra el campamento de refugiados de Ashraf, donde viven unos cien militantes de ese grupo, mientras que otros 3.400 han sido trasladados en los últimos meses al de Liberty, cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, como un primer paso para sacarlos de Irak.

Los miembros de ese grupo, creado en 1979 con el triunfo de la revolución islámica en su país, fueron acogidos y protegidos por el entonces presidente de Irak, Sadam Husein, desde donde lanzaban ataques contra Irán.

Teherán les considera terroristas y, aunque en 1990 depusieron las armas, algunos países aún los mantienen en su lista negra.