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Los tres miembros de la comisión de investigación, que fue establecida por el Consejo de Derecho Humanos de la ONU el pasado marzo, fueron recibidos hoy por el ministro de Exteriores japonés, Fumio Kishida, quien les informó sobre los esfuerzos de Japón para resolver los casos de los 17 ciudadanos que se considera oficialmente que fueron secuestrados.

Tras las reuniones de hoy con otros representantes del Gobierno y parlamentarios, los miembros de la comisión encabezada por el juez australiano ya retirado Michael Kirby, escucharán el jueves y el viernes en sesiones públicas a familiares de los japoneses secuestrados.

La comisión formada además por el jurista indonesio Marzuki Darusman y la activista serbia de derechos humanos Sonja Biserko, se entrevistará el viernes con el primer ministro nipón, Shinzo Abe, y publicará sus conclusiones el próximo marzo.

Los secuestros de ciudadanos japoneses sigue siendo el principal motivo de bloqueo de las relaciones diplomáticas entre Tokio y Pyongyang.

Japón sostiene que, durante dos décadas al menos 17 nipones fueron secuestrados por Corea del Norte para que dieran lecciones de cultura e idioma en sus programas de adiestramiento de espías.

Corea del Norte lo considera un caso cerrado, mientras Japón pide que se investigue el paradero de los secuestrados.

El Gobierno japonés ha cifrado oficialmente en 17 los ciudadanos nipones que fueron secuestrados por Corea del Norte, de los cuales, cinco fueron repatriados a Japón en 2002.

“Las víctimas incluyen no solo a japoneses sino también a surcoreanos y personas de otros países. Por eso consideramos que es un problema de gran preocupación para la comunidad internacional”, dijo hoy en unas declaraciones recogidas por la agencia Kyodo el ministro de Exteriores nipón al comienzo de la reunión.

Por su parte, el juez australiano que encabeza la comisión aseguró que “todos los abusos de derecho humanos son impactantes y preocupantes pero hay algo especial en el secuestro de otro ser humano”.

La comisión que ahora visita Japón se estableció por mandato de un año para investigar “las sistemáticas, extendidas y graves violaciones de derechos humanos en Corea del Norte”, según recoge un comunicado de la oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

La semana pasada, esta misma comisión entrevistó en Corea del Sur a decenas de desertores del hermético régimen comunista.