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Esta medida se dirige a las personas afectadas por las retenciones tanto para entrar como para salir de Gibraltar, como consecuencia de la intensificación de los controles aduaneros de la Policía y de la Guardia Civil de España que se producen desde finales de julio.

Según anunció el Gobierno de Gibraltar en un comunicado, la información recabada mediante este procedimiento permitirá a Gibraltar ofrecer estadísticas “más precisas” a la Comisión Europea y, “de ser necesario”, preparar un proceso legal.

Una delegación de la Comisión Europea acudirá a la Verja en las próximas semanas para comprobar cómo se desarrollan esos controles.

Este nuevo procedimiento queda abierto a personas de cualquier nacionalidad que se hayan visto perjudicadas por los retrasos “provocados por los controles que realiza España”.

El origen del conflicto está en el 24 y 25 de julio, cuando las autoridades de Gibraltar lanzaron setenta bloques de hormigón a las aguas de la bahía de Algeciras, lo que impide a los pescadores faenar en la zona y puede vulnerar el medio ambiente.

Dos días después las autoridades españolas intensificaron los controles en la frontera con el argumento de que Gibraltar no pertenece al espacio Schengen y lo considera una zona “donde hay frecuentes tráficos ilícitos”.