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Los diputados estudian una modificación de varios artículos de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, de 1999, “a fin de concederle al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (…) la potestad de utilizar las fuerzas militares en acciones civiles, sin necesidad de la declaración del estado de excepción”.

Precisamente hoy Cartes mantuvo una reunión como comandante en jefe con los altos mandos del Ejército, la primera desde que tomó posesión del cargo como presidente, el pasado día 15.

Dos días después, cinco guardias privados de una finca ganadera de Tacuatí, en el departamento central de San Pedro, murieron en un ataque atribuido por la Policía al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un pequeño grupo que actúa en zonas boscosas de los departamentos de San Pedro y Concepción (nordeste).

Las fuerzas de seguridad le atribuyen varios secuestros y ataques a haciendas y objetivos policiales, con una treintena de muertos en los últimos ocho años.

Tras el ataque en Tacuatí, la Policía envió refuerzos a la zona y el Ejército desplegó a unos 400 soldados, cifra proporcionada hoy por el comandante de las Fuerzas Militares, general Miguel Christ Jacobs, al término de su reunión con Cartes.

Según Christ, citado por la agencia estatal IP, los militares sólo pueden brindar apoyo logístico a los policías si la ley no es modificada.

Tras su enmienda, los militares del Ejército podrán realizar operaciones de seguridad interna, patrullajes y detenciones de personas, explicó.

El general aclaró que cualquier tarea militar en la zona de actuación del EPP, desde las operaciones de inteligencia a las acciones de combate, serían en coordinación con la Policía y la Fiscalía.

Christ dijo que será necesario “habilitar mayor presupuesto para poder sostener el operativo”, que calculó entre 1.000 y 2.000 millones de guaraníes (de 225.000 a 450.000 dólares) pues no hay certeza de cuánto duraría la intervención.

Antes de la aprobación de la enmienda a la ley, el ministro del Interior, Francisco de Vargas, y el comandante de la Policía, Francisco Alvarenga, expusieron a los miembros de la comisión de Defensa Nacional, Seguridad y Orden Interno de la Cámara Baja detalles de la última presunta acción del EPP.

El presidente de la comisión, el colorado Miguel Ángel del Puerto, ofreció “el respaldo incondicional y absoluto” al Gobierno, y el texto fue aprobado y remitido al pleno sin modificaciones, según un comunicado oficial.